Con mayoría morenista y el respaldo parcial de aliados, el Senado avaló reformas profundas a la Ley Antilavado, incluyendo un nuevo régimen de vigilancia financiera sobre funcionarios y ciudadanos. El dictamen habilita a la Secretaría de Hacienda para acceder, sin orden judicial, a información financiera y digital de cualquier persona clasificada como Persona Políticamente Expuesta (PEP).
Desde la oposición, senadoras como Alejandra Barrales (Movimiento Ciudadano) y Claudia Anaya (PRI) expresaron reservas sobre los alcances de la reforma. Barrales advirtió que la norma puede convertirse en un “boomerang” político, al permitir que la UIF intervenga sin límites en la vida financiera de ciudadanos. Anaya, por su parte, denunció que se está criminalizando la informalidad y se evade el combate real a los grandes capitales ligados a redes de lavado.
“Van contra los ciudadanos, mientras ignoran a bancos señalados por el Departamento del Tesoro”, acusó Anaya al referirse a instituciones supuestamente vinculadas con personajes cercanos al gobierno.
En el mismo sentido, Guadalupe Murguía (PAN) alertó que esta reforma impone cargas desproporcionadas a pequeños negocios y debilita las garantías constitucionales, al permitir que Hacienda acceda a documentos, llamadas, imágenes y archivos personales sin control judicial.
No obstante, el dictamen fue defendido por senadores de Morena como Javier Corral y Guadalupe Chavira, quienes insistieron en que se trata de una herramienta necesaria para enfrentar redes criminales de alto impacto y que se han incorporado salvaguardas y definiciones precisas.
La reforma también obliga a partidos políticos, sindicatos, autoridades laborales y el INE a proporcionar información sobre candidaturas, dirigentes y operaciones financieras sospechosas. El dictamen fue enviado a la Cámara de Diputados para su revisión.
