Operada bajo dispensa de trámites, la mayoría en el Senado aprobó la Ley General de Aguas con 85 votos frente a 36, en una sesión que expuso el choque político y amplificó el clima de movilizaciones agrícolas que tensó carreteras y cruces fronterizos desde horas previas.

Mientras la minuta avanzaba en el pleno, productores de Chihuahua y Baja California intensificaron acciones de presión, como el cierre en la garita comercial de Mexicali, en protesta por lo que llamaron un modelo de gestión que vulnera derechos adquiridos y abre riesgos legales sobre alumbramientos y perforaciones históricas.

Creadores de los primeros bloqueos carreteros en la frontera reiteraron que la discusión acelerada del Senado confirmó sus temores sobre una normatividad que, a su juicio, centraliza facultades y deja a pequeños usuarios frente a incertidumbre jurídica que no se resolverá con mesas posteriores.

Bastó la llegada de la minuta para que la tensión se notara en los escaños de Morena y en la respuesta inmediata de la oposición, que desplegó carteles con acusaciones de cierre del campo y denuncias de supuesta agresión a los productores, mientras el oficialismo apeló al derecho humano al agua.

Dentro del recinto, la pugna visual se amplió cuando senadoras del PAN colocaron una manta con la imagen de un campesino y una advertencia sobre afectaciones al abasto de alimentos, al tiempo que se escuchaban consignas que asociaban la ley con un freno a la actividad agropecuaria.

Con el ejemplar de la reforma en la mano, Ricardo Anaya acusó que el nuevo Artículo 22 abre paso a discrecionalidad para la reasignación de concesiones y sostuvo que el mecanismo permitiría al gobierno revertir derechos en compraventa de tierras, lo que desató recriminaciones desde Morena.

Ante los gritos, Anaya pidió detener el reloj parlamentario y arremetió contra lo que definió como un viraje hacia un régimen autoritario, acusación que abarcó incluso a senadores del Partido Verde, a quienes señaló como concentradores significativos de concesiones a nivel nacional.

Adán Augusto López respondió que la transmisión de derechos persiste y citó el Artículo 49, donde se indica que la persona adquirente conservará el volumen original y recibirá un nuevo título expedido por la autoridad, lo que, dijo, desmonta los señalamientos sobre expropiación encubierta.

En tribuna, López afirmó que la reforma cumple compromisos de campaña y ancla el carácter de derecho humano del agua, mientras desestimó la narrativa de control político y la atribuyó a heridas electorales no cerradas desde dos sexenios atrás, según sus palabras.

Desde el PRI, Paloma Sánchez sostuvo que la ley no protege al campo y denunció que, lejos de frenar delitos, la nueva estructura penal apunta a productores, al advertir que distritos de riego conviven con redes criminales sin que exista una indagatoria profunda sobre ese fenómeno.

Néstor Camarillo, de Movimiento Ciudadano, afirmó que el texto conduce a una recentralización, pues, según su postura, la redistribución de facultades no abre participación social real y refuerza la capacidad de decisión del gobierno federal sobre prioridades hídricas.

Fuera del recinto, el mensaje de protesta se mantuvo con organizaciones como Campesinos Unidos de Sinaloa, que amagaron con extender bloqueos hacia la Ciudad de México si el Senado no incorporaba demandas sobre seguridad jurídica para el agro y permanencia de derechos históricos.

En ese contexto, la Secretaría de Gobernación reiteró que no existe razón para cierres en puentes internacionales y aseguró que la iniciativa no plantea retiro de concesiones, mientras la Conagua confirmó que el objetivo es frenar acaparamiento y dejar atrás la lógica mercantil del recurso.

La versión oficial subrayó que el Estado mantendrá rectoría sobre el agua y ofreció mesas permanentes para atender inquietudes, pronunciamiento que no disuadió a grupos que ven en la reforma un giro que limita su margen de operación en regiones agrícolas con alta presión hídrica.

Con el dictamen ya enviado al Ejecutivo, la ley define plazos para prórrogas, penalidades por traslado ilícito y procedimientos para reasignación de derechos, además de mandatos transitorios que obligan a un programa contra concentraciones excesivas en sistemas de uso intensivo.

A pesar de la tormenta política y territorial, la mayoría legislativa avanzó convicta de que la nueva ley marca un punto de inflexión en la administración del recurso, mientras la oposición y productores anunciaron que mantendrán su resistencia en tribunales, calles y puentes fronterizos.