Un grupo de habitantes de la zona conocida como Rancho de la Moratilla, mejor identificada como La Covadonga, denunció públicamente su vulnerabilidad ante el desalojo y demolición de sus viviendas, tras la intervención de autoridades municipales en un predio en disputa legal.
Los habitantes organizaron una caravana que partió desde la zona afectada hasta el zócalo de la ciudad de Puebla, los inconformes se manifestaron frente a Palacio Municipal para exigir la reparación de daños y aclaración sobre la situación legal de los terrenos que, aseguraron, fueron adquiridos de buena fe.
De acuerdo con los testimonios, los lotes fueron vendidos por personas “desconocidas” por un monto aproximado de 250 mil pesos.
Aunque señalaron que no había certeza sobre la identidad de los vendedores, decidieron adquirir las propiedades al contar con escrituras supuestamente validadas por el Registro Público de la Propiedad del Estado de Tlaxcala.
Los manifestantes aseguran que no se trató de una invasión, sino de una compra que hicieron sin conocer posibles irregularidades, y adelantaron que ya se están organizando para interponer una demanda colectiva.
Además, insistieron en que los terrenos se ubican dentro del estado de Tlaxcala, por lo que la intervención del Ayuntamiento de Puebla, según su versión, fue indebida.
Una comisión de siete personas fue recibida por funcionarios municipales, quienes aclararon que el desalojo fue en cumplimiento de una resolución del Poder Judicial, derivada del juicio de amparo 257/2025-III, emitido por el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Puebla, lo que limita la intervención del gobierno capitalino.
Los habitantes afectados son, en su mayoría, familias de bajos recursos, trabajadores informales y obreros sin acceso a crédito hipotecario, quienes vieron en estos terrenos una oportunidad para construir un patrimonio.
La madrugada del sábado 19 de julio, autoridades de distintos niveles de gobierno ejecutaron un operativo en un predio ubicado en la colonia Agrícola Ignacio Zaragoza, en las inmediaciones de la exfábrica La Covadonga.
Durante el despliegue, se demolieron viviendas presuntamente irregulares en un área de ocho hectáreas, de un total de 22 que se encuentran en litigio, reclamadas por la Fundación Julita y Antonio IAP.
El origen del conflicto
El problema se remonta al 9 de abril de 2023, cuando alrededor de 100 personas, armadas con mazos, cortadoras, herramientas pesadas e incluso maquinaria, ingresaron al predio. En cuestión de horas delimitaron terrenos, colocaron postes y comenzaron a vender lotes sin autorización oficial ni certeza jurídica.
Desde entonces, los supuestos vendedores —a quienes algunos llaman “Inmaculados”, por su presunta relación con la empresa embotelladora Agua Inmaculada— colocaron estructuras irregulares y comercializaron más de 450 lotes, entregando recibos sellados por notarías y prometiendo escrituras que resultaron ilegales.
Más allá de quiénes son estos grupos, la pregunta central es cómo lograron operar durante más de un año sin la intervención de autoridad alguna dentro del municipio de Puebla.
