Tras más de dos años de litigios y sin una respuesta clara de las autoridades municipales ni de la Fiscalía General del Estado, la Fundación Julita y Antonio decidió acudir a la Comisión de Derechos Humanos de Puebla (CDH) para denunciar la falta de acción frente al despojo del predio conocido como La Covadonga.
El apoderado legal de la institución, Jesús González Schmal, confirmó que la queja fue presentada luego de constatar que los intentos por obtener justicia en instancias locales no han prosperado.
En el escrito dirigido al organismo defensor se exponen los hechos ocurridos desde la primera invasión de un grupo a la fundación, registrada el 9 de abril de 2023, cuando ingresaron a los terrenos y se levantó la carpeta de investigación FGEP/CDI/FIM/FIM-1/00767/2023.
A esto se sumó una segunda ocupación reportada el 9 de febrero de este año, con la denuncia FGEP/CDI/FIR/FIR-II/000949/
La Fundación también recordó que, en 2024, ciudadanos de la zona denunciaron ante la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano municipal –entonces a cargo de Felipe Velázquez-, la existencia de un fraccionamiento clandestino dentro de los terrenos.
Sin embargo, ni la dependencia municipal, ni la Fiscalía estatal han dado una respuesta definitiva, pese a que existe un mandato judicial de demolición de construcciones ilegales emitido en marzo de este año.
El abogado insistió en que el reclamo ante la Comisión de Derechos Humanos tiene como intención que se reconozca la violación al derecho de acceso a la justicia, contemplado en el artículo 17 de la Constitución mexicana, toda vez que el predio, ubicado en la colonia Ignacio Zaragoza de la capital poblana, es parte de los bienes destinados a proyectos de beneficencia.
No obstante, una fracción de alrededor de 20 por ciento permanece en manos de particulares y de la empresa Agua Inmaculada, que continúa levantando construcciones a pesar de la orden de desalojo.
González Schmal advirtió
La Fundación adelantó que promoverá nuevos recursos legales para que el Ayuntamiento de Puebla y la Fiscalía cumplan las sentencias y se recupere la totalidad del predio, al recordar que fue concebido para fines altruistas y no para negocios privados.
