La propuesta para regular la gestación subrogada en Puebla, impulsada por la diputada Nayeli Salvatori Bojalil, detonó una reacción inmediata de organizaciones feministas que ven en la iniciativa no una ampliación de derechos, sino la legalización de un mercado basado en la desigualdad económica y el uso del cuerpo femenino como recurso reproductivo.
Integrantes de la colectiva “19 de Marzo” exigieron al Congreso del Estado frenar la reforma al Código Civil en materia de “gestación asistida”, al advertir que la figura jurídica planteada convierte el embarazo en un servicio contratado y coloca a las mujeres en situación de vulnerabilidad como proveedoras biológicas para quienes pueden pagar.
En conferencia de prensa, las activistas señalaron que la iniciativa, lejos de proteger derechos, abre un marco legal para normalizar prácticas que, dijeron, se sostienen sobre la precariedad económica.
“No se trata de libertad reproductiva, sino de un contrato donde las mujeres pobres ponen el cuerpo y los ricos ponen el dinero”, expusieron.
Las colectivas advirtieron que la reforma reduce a las mujeres a una función productiva, despojándolas de su autonomía emocional y jurídica durante el embarazo.
En su posicionamiento, calificaron la propuesta como una violación directa al principio constitucional de dignidad humana, al tratar a la mujer como un “contenedor gestacional” al servicio de terceros.
“El Congreso pretende llamar derecho a lo que en realidad es una transacción desigual: cuerpos a cambio de recursos”, sostuvieron.
Además, alertaron que este esquema podría facilitar el tráfico de menores bajo una apariencia de legalidad, sobre todo si intervienen intermediarios privados.
La posibilidad de contratos que obliguen a entregar al recién nacido, incluso contra la voluntad de la gestante, fue calificada como una forma contemporánea de esclavitud reproductiva.
Las activistas subrayaron que la iniciativa también profundiza la llamada “feminización de la pobreza”, al generar un mercado dirigido exclusivamente a mujeres en condiciones económicas precarias.
“La maternidad subrogada no ocurre entre iguales: ocurre entre quien necesita dinero y quien puede comprar un embarazo”, señalaron.
Desde esta perspectiva, exigieron a las y los diputados desechar la iniciativa y evitar que Puebla se convierta en un destino de “turismo reproductivo interno”, donde los cuerpos de mujeres vulnerables sean utilizados como solución biológica para proyectos familiares ajenos.
Lo que plantea la iniciativa
La propuesta presentada el 3 de julio de 2025 por la diputada Nayeli Salvatori Bojalil busca adicionar un capítulo al Código Civil para regular la gestación asistida y la maternidad subrogada, bajo el argumento de que la práctica ya ocurre de manera clandestina en el estado.
El proyecto se sustenta en el derecho constitucional a fundar una familia y en criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que reconocen la gestación subrogada como una práctica lícita.
Asimismo, plantea que su regulación permitiría evitar abusos, riesgos sanitarios y redes ilegales.
Requisitos
Entre los puntos centrales, establece que la mujer gestante deberá tener entre 25 y 35 años, contar con buena salud física y mental, no presentar adicciones y haber tenido al menos un hijo sano. También deberá firmar un consentimiento donde renuncia a la maternidad jurídica del menor.
Las personas contratantes deberán ser mexicanas, tener entre 25 y 50 años y acreditar médicamente la imposibilidad de gestar.
El contrato deberá firmarse ante notario y ser validado por un juez familiar.
En él se estipula que la gestante no podrá reclamar derechos sobre el menor y que los contratantes no podrán rechazarlo bajo ninguna circunstancia.
Además, deberán cubrir todos los gastos médicos y de manutención durante el embarazo y hasta 60 días después del parto.
La iniciativa regula tanto la gestación subrogada, cuando la mujer aporta óvulo y útero— como la gestación sustituida —cuando sólo presta el útero—, y prohíbe que el menor sea entregado a personas extranjeras o sacado del país.
