Un alumno de primero de secundaria del Centro Escolar 5 de Mayo, en Puebla, fue señalado por compañeras por presuntos tocamientos lascivos, en un caso que movilizó a padres de familia y autoridades.
Hasta el momento, al menos 12 estudiantes han señalado al menor por estos hechos, aunque algunos tutores han referido un número mayor. De ese universo, cuatro familias presentaron formalmente una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.
Los padres señalaron que los presuntos actos ocurrieron durante un día en el que hubo pocas clases y una presencia limitada de docentes. Según sus testimonios, el estudiante habría realizado los primeros acercamientos en su salón y posteriormente ingresado a otros espacios del plantel.
La situación también generó cuestionamientos contra directivos de la escuela. Padres acusaron al director Ricardo y al prefecto Flavio de tratar de impedir que las alumnas utilizaran sus teléfonos para documentar o comunicar lo ocurrido, además de señalar que algunas estudiantes se sintieron revictimizadas ante la respuesta recibida en el plantel.
Tras la salida de clases, familiares solicitaron la intervención de las autoridades mediante el 911. Policías municipales acudieron y detuvieron al menor señalado. Posteriormente, las familias se trasladaron a la Fiscalía para iniciar los procedimientos correspondientes.
El 13 de septiembre, el secretario de Educación Obligatoria, Enrique Martínez, informó que la Fiscalía realiza las investigaciones, mientras la dependencia educativa brinda acompañamiento psicológico y socioemocional a los estudiantes.
Como parte de las medidas adoptadas, los alumnos involucrados dejarán de acudir físicamente al Centro Escolar 5 de Mayo. Desde el lunes 14 de septiembre continuarán sus actividades mediante clases en línea, con registro de asistencia.
La investigación podría avanzar por dos frentes. Por un lado, la Fiscalía determinará lo conducente respecto del menor dentro del sistema de justicia para adolescentes; por otro, las autoridades educativas podrían revisar la actuación del personal directivo y de prefectura ante los señalamientos.
El caso evidencia además que el número de estudiantes que realizan un señalamiento puede ser distinto al de quienes deciden formalizar una denuncia penal, debido a que no todas las familias optan por iniciar un procedimiento ante la Fiscalía.
