La Casa Blanca solicitó oficialmente al Congreso que recupere nueve mil 400 millones de dólares en gastos ya aprobados, quitando fondos a programas prioritarios del Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk.
Se trata de un proceso conocido como «rescisión», que requiere que el presidente Donald Trump obtenga la aprobación del Congreso para devolver los fondos previamente asignados. Los asesores de Trump afirman que los recortes de fondos se dirigen a programas que promueven ideologías liberales.
La solicitud, de ser aprobada por la Cámara de Representantes y el Senado, consagraría formalmente muchos de los recortes y congelamientos de gastos solicitados por DOGE. Esto ocurre en un momento en que Musk está sumamente descontento con el recorte de impuestos y el plan de gasto que se está tramitando en el Congreso, calificándolo el martes de «repugnante abominación» por aumentar el déficit federal.
El director de presupuesto de la Casa Blanca, Russ Vought, dijo que si el esfuerzo actual tiene éxito, podrían surgir más paquetes de rescisión y otros esfuerzos para recortar el gasto.
«Sin duda, estamos dispuestos y somos capaces de enviar paquetes adicionales si el Congreso lo desea», dijo Vought a los periodistas.
¿Las rescisiones harán mella en la deuda nacional?
Es poco probable que la solicitud al Congreso modifique significativamente el preocupante aumento de la deuda nacional estadounidense . Los ingresos fiscales han sido insuficientes para cubrir los crecientes costos de la Seguridad Social, Medicare y otros programas. La Oficina de Presupuesto del Congreso estima que el gobierno va camino de gastar aproximadamente 7 billones de dólares este año, y la solicitud de rescisión representa solo el 0,1 % de ese total.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo a los periodistas en la conferencia de prensa del martes que Vought —un «halcón fiscal muy respetado», lo llamó— continuaría recortando el gasto, insinuando que podría haber esfuerzos adicionales para devolver los fondos.
“Tiene herramientas a su disposición para producir aún más ahorros”, dijo Leavitt.
Vought dijo que puede enviar rescisiones adicionales al final del año fiscal en septiembre «y si el Congreso no actúa al respecto, esa financiación expirará».
“Es una de las razones por las que no ponemos todas nuestras expectativas en un proceso de rescisión típico”, añadió.
¿Qué programas serán objeto de las rescisiones?
Un portavoz de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca, quien habló bajo condición de anonimato para adelantar algunos de los fondos que perderían financiación, afirmó que se recortarían 8.300 millones de dólares del Departamento de Estado y de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). NPR y PBS también perderían financiación federal, al igual que el Plan de Emergencia del Presidente de los Estados Unidos para el Alivio del SIDA, también conocido como PEPFAR.
El portavoz enumeró programas específicos que la administración Trump consideró un desperdicio, incluidos 750.000 dólares para reducir la xenofobia en Venezuela, 67.000 dólares para alimentar con polvo de insectos a niños en Madagascar y 3 millones de dólares para circuncisión, vasectomías y condones en Zambia.
¿Es probable que se apruebe el paquete de rescisiones?
El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano por Luisiana, elogió los recortes planeados y se comprometió a aprobarlos.
“Este paquete de rescisiones refleja muchas de las conclusiones de DOGE y es una de las muchas herramientas legislativas que los republicanos están utilizando para restablecer la sensatez fiscal”, declaró Johnson. “El Congreso seguirá trabajando estrechamente con la Casa Blanca para codificar estas recomendaciones, y la Cámara de Representantes presentará el paquete al pleno lo antes posible”.
Los miembros del House Freedom Caucus, entre los legisladores más conservadores de la cámara, dijeron que les gustaría ver paquetes de rescisión adicionales por parte de la administración.
“Apoyaremos todos los paquetes de rescisión que la Casa Blanca pueda enviarnos en las próximas semanas y meses”, declaró el grupo en un comunicado de prensa. “Aprobar este paquete de rescisión será una importante demostración de la voluntad del Congreso de cumplir con la ley DOGE y la agenda de Trump”.
La senadora Susan Collins, presidenta del Comité de Asignaciones del Senado, recibió el paquete con una recepción menos optimista.
“A pesar de esta vía rápida, el Comité de Asignaciones del Senado revisará cuidadosamente el paquete de rescisiones y examinará las posibles consecuencias de estas rescisiones en la salud mundial, la seguridad nacional, las comunicaciones de emergencia en las comunidades rurales y las estaciones de radio y televisión públicas”, dijo el legislador de Maine en un comunicado.
¿Por qué la administración necesita la aprobación del Congreso?
La solicitud de la Casa Blanca de devolver los fondos asignados tiene como objetivo cumplir con la Ley de Control de Embargos de 1974. Esta ley creó el proceso mediante el cual el presidente puede revelar formalmente al Congreso el dinero asignado que pretende no gastar. El Congreso generalmente tiene 45 días para revisar y aprobar la solicitud, pero Vought argumenta que el final del año fiscal permitiría a la administración eludir una votación.
El Comité para un Presupuesto Federal Responsable, un grupo de vigilancia fiscal, declaró en un informe de 2018 que el Senado puede aprobar paquetes de rescisión con una mayoría simple, en lugar de los 60 votos necesarios para superar una posible obstrucción. Entre 1974 y 2000, los presidentes solicitaron rescisiones por valor de 76 000 millones de dólares y el Congreso aprobó 25 000 millones.
Bobby Kogan, director senior de política presupuestaria federal en el Center for American Progress, un grupo de expertos liberal, dijo en una declaración enviada por correo electrónico que la administración Trump ya estaba «confiscando ilegalmente fondos adicionales», ya que retener dinero «siempre ha sido ilegal sin la aprobación explícita del Congreso».
El domingo, en CNN, Vought insistió en que la administración Trump estaba cumpliendo con la ley, pero simplemente tenía una visión diferente de la ley en relación con algunos demócratas.
«No estamos infringiendo la ley», dijo Vought. «Cada parte del gobierno federal, cada rama, tiene que analizar la Constitución y acatarla, y existe tensión entre las ramas».
