Los salarios de los dirigentes nacionales de los partidos políticos volvieron al centro del debate público, en medio de las discusiones sobre la transparencia en el uso de recursos públicos y las propuestas para establecer límites a las percepciones de quienes encabezan los institutos políticos.
De acuerdo con información disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia y diversos reportes periodísticos correspondientes a 2025 y 2026, la mayoría de los dirigentes partidistas perciben ingresos inferiores al salario de la presidenta Claudia Sheinbaum.
En Morena, la presidenta nacional, Luisa María Alcalde, reporta un ingreso cercano a los 87 mil pesos netos mensuales, mientras que el secretario de Organización, Andrés Manuel López Beltrán, percibe alrededor de 94 mil pesos netos al mes.
En el Partido Acción Nacional (PAN), las cifras atribuidas a su dirigente nacional, Jorge Romero, oscilan entre 85 mil y 120 mil pesos mensuales, dependiendo de la fuente consultada.
Por su parte, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, registra ingresos aproximados de entre 94 y 95 mil pesos netos, aunque algunos reportes señalan que las prestaciones pueden incrementar ese monto.
En contraste, el PRI informó que la dirigencia encabezada por Alejandro Moreno desempeña un cargo honorífico, sin percepción económica por esa función, situación similar a la del Partido del Trabajo (PT), cuyo dirigente nacional, Alberto Anaya, también ha señalado no recibir salario por ese cargo.
Respecto al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), la información pública sobre las percepciones de su dirigencia nacional es limitada o presenta actualizaciones pendientes.
Actualmente, el salario de la presidenta Claudia Sheinbaum se ubica alrededor de los 130 a 190 mil pesos brutos mensuales, dependiendo del concepto considerado, con un ingreso neto cercano a los 134 mil pesos, según reportes oficiales.
El tema forma parte de las discusiones sobre una eventual reforma electoral que plantea fortalecer la transparencia en el financiamiento de los partidos y analizar posibles límites a las remuneraciones de sus dirigentes.
