El proceso judicial por el feminicidio de la abogada y activista Cecilia Monzón terminó finalmente, luego de que el Tribunal de Enjuiciamiento del Poder Judicial de Puebla emitió un fallo condenatorio contra Javier López Zavala, a casi tres años del crimen ocurrido en San Pedro Cholula.
Con esta resolución, el tribunal dio por acreditada la responsabilidad penal del exfuncionario priista en el asesinato perpetrado el 21 de mayo de 2022.
La determinación también alcanzó a los otros dos implicados en el caso, identificados como los responsables materiales del ataque, con lo que se cerró formalmente la etapa de juicio oral por el delito de feminicidio.
Durante más de ocho meses, el juicio se desarrolló entre aplazamientos, recursos legales y más de 80 audiencias. La Fiscalía General del Estado sostuvo que López Zavala fue quien diseñó el crimen con antelación y ordenó su ejecución.
De acuerdo con la acusación, el exaspirante político utilizó a su sobrino, Jair N., como intermediario para coordinar el ataque, quien a su vez contactó a Silvestre N., detenido posteriormente en Veracruz y señalado como el autor de los disparos contra Monzón mientras ella conducía sobre Camino Real a Momoxpan.
El caso no estuvo exento de obstáculos, toda vez que la defensa de los acusados promovió diversos amparos y estrategias legales que retrasaron el arranque del juicio oral hasta el primer semestre de este año.
A la par, se mantuvo abierto un expediente distinto por violencia familiar, iniciado por Cecilia Monzón antes de su asesinato. En ese proceso, un tribunal ya había declarado culpable a López Zavala en mayo pasado y le impuso una condena inicial de seis años de prisión.
Será en una audiencia posterior cuando el tribunal determine los años de prisión que deberán cumplir los sentenciados. Mientras tanto, colectivas feministas se concentraron a las afueras del Tribunal de Enjuiciamiento para acompañar a Helena Monzón, hermana de la abogada, y exigir que el fallo se traduzca en una sanción ejemplar.
Armenta, a favor de las víctimas
Horas antes de que el Poder Judicial diera a conocer la sentencia por el feminicidio de la activista Cecilia Monzón, el gobernador Alejandro Armenta fijó públicamente su postura en favor de las víctimas y marcó distancia de cualquier vínculo político del pasado relacionado con el caso.
Armenta abordó tanto el caso de Cecilia Monzón como el de Mayca, víctima de la carambola registrada en la Vía San Ángel, y señaló que ambos representaban ejemplos claros de la exigencia social de justicia.
Afirmó que su gobierno no intervendría en las decisiones de la Fiscalía ni del Poder Judicial, pero sí mantendría una postura de vigilancia institucional para que los procesos se resolvieran conforme a derecho.
El gobernador dio a conocer que previamente había establecido comunicación directa con Helena Monzón para expresarle su solidaridad como titular del Ejecutivo estatal.
Explicó que ese acercamiento tuvo como único objetivo acompañar institucionalmente a la familia y reiterar que su administración no protegería a nadie involucrado en actos de violencia.
En ese sentido, defendió que su administración ha impulsado políticas enfocadas en la protección de las mujeres y en el fortalecimiento de los mecanismos de atención a víctimas.
El mandatario recordó que, durante su gestión, se crearon las casas “Carmen Serdán” como espacios de refugio y señaló que las cifras de incidencia delictiva reportan una reducción del 41 por ciento en los casos de feminicidio.
“Justicia a Monzón y justicia a Mayca. Ya hablé con la hermana de Cecilia para decirle que tiene mi solidaridad como gobernador. Es una perversidad que se quiera endosar una vieja relación con un acto irregular; yo estoy a favor de la seguridad de las mujeres y lo estoy demostrando con hechos y con equipo”, sentenció el mandatario.
