El cierre del 2025 dejó una resolución judicial que marcó uno de los procesos penales más largos y observados en Puebla. En vísperas de los festejos de fin de año, un tribunal dictó la pena máxima por el feminicidio de Cecilia Monzón, ocurrido en mayo de 2022, al imponer 60 años de prisión al excandidato a la gubernatura de Puebla, Javier López Zavala, señalado como autor intelectual, así como a Silvestre N. y Jair N., identificados como autores materiales del crimen.
La sentencia se dio tras una audiencia de individualización de sanciones que se prolongó durante la mitad del día del 31 de diciembre. La sesión inició por la mañana, tuvo un receso a media jornada y concluyó por la tarde, cuando el tribunal dio lectura a la condena definitiva, con lo que quedó cerrado formalmente un juicio que se extendió por más de tres años.
El fallo fue consecuencia directa de la resolución condenatoria emitida el 23 de diciembre, cuando los jueces determinaron que existían elementos suficientes para acreditar la responsabilidad penal de los tres acusados.
En esta etapa final, el tribunal fijó no solo la pena de prisión, sino también las sanciones económicas: una multa equivalente a mil Unidades de Medida y Actualización (113 mil 140 pesos), el pago de reparación por daño moral de 3 mil UMAS (339 mil 420 pesos) y una indemnización adicional de mil 200 UMAS para cada uno (135 mil 768 pesos).
Durante el proceso, la Fiscalía General del Estado sostuvo que el homicidio fue planeado y ejecutado con extrema violencia. En el juicio se acreditó que Cecilia Monzón recibió al menos siete impactos de arma de fuego, tras ser interceptada por hombres armados que se desplazaban en motocicleta, mientras ella conducía su vehículo en San Pedro Cholula.
El juicio oral comenzó en abril y se desarrolló a lo largo de más de 80 audiencias. En ese tiempo, el Ministerio Público presentó pruebas periciales, testimoniales y documentales que, a juicio del tribunal, permitieron reconstruir la planeación del crimen, la provisión de los medios y la participación diferenciada de cada uno de los sentenciados.
El caso se convirtió en una causa acompañada por colectivas feministas, organizaciones civiles y ciudadanos. Antes de la audiencia final, más de 300 personas y agrupaciones difundieron un pronunciamiento público para exigir que se aplicara la pena máxima, al considerar que se trataba de un crimen que debía sentar un precedente frente a la violencia feminicida.
Tras conocerse la sentencia, activistas y organizaciones que siguieron el juicio se congregaron afuera de la sede judicial para respaldar a la familia de la víctima.
Helena Monzón, hermana de Cecilia, reconoció el trabajo de la Fiscalía en la integración del caso, aunque advirtió que la defensa del fallo continuará ante cualquier intento de apelación o revisión de la condena.
El proceso estuvo marcado también por el contexto personal de la familia. La madre de Cecilia Monzón tuvo que salir del país durante el litigio y permanecer en el extranjero, mientras se desarrollaban las audiencias. Aun así, la familia mantuvo el acompañamiento legal del caso hasta alcanzar la sentencia definitiva.
La resolución tuvo eco a nivel nacional, luego de que el pasado 2 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió al caso, al afirmar que en México debe existir “cero impunidad” frente al feminicidio.
Señaló que, si bien este principio debe aplicarse a cualquier delito, en los crímenes contra mujeres la obligación del Estado es aún mayor, al tratarse de una violencia estructural que no puede tolerarse.
En tanto, el Gobierno de Puebla a cargo de Alejandro Armenta señaló que la resolución judicial envía un mensaje de esperanza para los casos de violencia de género que permanecen en espera de una sentencia.
En un comunicado, el gobierno estatal señaló que la condena es resultado del trabajo coordinado entre instituciones de procuración y administración de justicia, así como del acompañamiento brindado durante el proceso legal.
En ese contexto, reconocieron el trabajo de la Fiscalía General del Estado, del Poder Judicial y de las autoridades involucradas en el seguimiento del caso.
“Cecilia Monzón fue una poblana que acompañó a cientos de mujeres en la búsqueda de la justicia y la eliminación de la violencia, y su feminicidio lastimó a la sociedad. La respuesta institucional al caso de Cecilia Monzón visibiliza la violencia feminicida, cierra un momento doloroso para la sociedad poblana y fortalece la exigencia social de justicia con perspectiva de género”, señaló el comunicado.
