La madrugada en que Nicolás Maduro salió esposado de Venezuela no marcó sólo el fin de un gobierno cuestionado, también abrió una disputa mucho más amplia por el control político y económico de uno de los territorios más codiciados del hemisferio.
La operación militar a cargo de Estados Unidos, presentada por Donald Trump como una acción de “liberación”, dejó claro desde el primer minuto que el objetivo no se agotaba en la detención del mandatario venezolano: el verdadero botín estaba bajo tierra.
Desde su conferencia en Florida, Trump habló poco de democracia y mucho de petróleo. Una y otra vez regresó al mismo punto: los recursos energéticos venezolanos, mal administrados por el chavismo, ahora debían “aprovecharse correctamente”.
En su discurso, Estados Unidos no sólo derrocó a un régimen, sino que llegó para poner orden en un país “en ruinas”, empezando por la joya de la corona: las mayores reservas probadas de crudo del planeta.
Venezuela concentra alrededor de 303 mil millones de barriles de petróleo, cerca de una quinta parte de las reservas globales, incluso por encima de Arabia Saudita.
Ese dato, repetido por analistas energéticos y confirmado por la propia Administración de Información Energética de Estados Unidos, explica por qué la captura de Maduro fue acompañada, casi de inmediato, por el anuncio de que empresas petroleras estadounidenses entrarán al país para “reconstruir” la industria y administrar la producción.
En los hechos, Trump planteó un control temporal del Estado venezolano sin fecha de salida clara, con el petróleo como eje del nuevo orden.
“Nuestras grandes compañías petroleras estadounidenses, las más grandes del mundo, invertirán miles de millones de dólares para reparar la infraestructura petrolera, que está en muy mal estado, y comenzar a generar ingresos para el país”, dijo en su conferencia de este sábado.
El presidente estadounidense no habló de nacionalización ni de soberanía. Habló de inversión, de miles de millones de dólares, de infraestructura dañada y de plataformas “robadas” a empresas estadounidenses.
Incluso utilizó la palabra “embargo” para referirse a las nuevas medidas sobre el crudo venezolano, al reforzar la idea de que, a partir de ahora, los flujos energéticos del país sudamericano estarán bajo supervisión directa de Washington.
Pero el petróleo fue solo una parte del mensaje. La otra, igual de contundente, fue justificar la intervención señalando a Maduro no solo como dictador, sino como pieza de una red internacional de narcotráfico.
No se trató de una acusación genérica: en tribunales federales de Nueva York existen expedientes abiertos que vinculan al círculo cercano del chavismo con organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa y Los Zetas, además del llamado “Cartel de los Soles”, una estructura que durante años ha sido señalada por el tráfico de drogas con protección estatal.
La fiscal general Pam Bondi confirmó que Maduro y su esposa, Cilia Flores, enfrentarán cargos en Estados Unidos, cerrando así el círculo que Trump buscó construir: una operación militar presentada como acto de seguridad nacional, una captura con consecuencias de control económico.
El despliegue militar fue descrito por el propio gobierno estadounidense como una operación por aire, mar y tierra, además de que fue ejecutado en poco más de dos horas.
Se desmantelaron defensas aéreas, se habilitó el ingreso de helicópteros a Caracas y se extrajo al mandatario venezolano sin bajas estadounidenses, según la versión del país fronterizo.
Las imágenes difundidas después -Maduro esposado a bordo de un buque militar en el Caribe- funcionaron también como mensaje político de que el poder había cambiado de manos.
Sin embargo, el alcance del movimiento no se limitó a Venezuela. Horas después, Trump amplió su discurso y volvió la mirada hacia México.
En entrevistas con medios estadounidenses, insistió en que los cárteles del narcotráfico “gobiernan” el país y advirtió que “habrá que hacer algo”, al retomar un discurso que ya había utilizado en campañas anteriores.
La captura de Maduro se convirtió así en una advertencia regional: Estados Unidos está dispuesto a cruzar fronteras cuando considere que el narcotráfico amenaza su seguridad.
“Vamos a estar a cargo del país hasta que haya una transición importante, hasta que esté a salvo y seguro. Queremos la paz y la libertad para la gente de Venezuela. Los venezolanos no van a sufrir nunca más”, aseguró.
Por si fuera poco, Trump dejó claro que el control en Venezuela no pasará necesariamente por la oposición tradicional. De hecho, cerró públicamente la puerta a María Corina Machado, la dirigente que durante años concentró el mayor respaldo opositor y que incluso había avalado la ofensiva estadounidense contra el chavismo.
Para Trump, Machado no es opción. Dijo no haber tenido contacto con ella y afirmó que carece del apoyo y del respeto necesarios para gobernar un país fracturado y en crisis.
Trump tampoco ocultó la dimensión militar de la intervención. Acompañado por su secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, se mostró abierto a mantener tropas estadounidenses en territorio venezolano.
“Si Trump dice que es serio sobre algo, hay que hacerle caso porque de verdad habla en serio. No jueguen con el presidente de Estados Unidos. Creo que esta noche es una lección aprendida”, advirtió Marco Rubio.
En tanto, el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, explicó que la misión que fue bautizada como “Resolución absoluta”, se ejecutó a petición del Departamento de Justicia y movilizó alrededor de 150 aeronaves.
Además, expuso que la operación se apoyó en décadas de experiencia estadounidense en combates antiterroristas alrededor del mundo.
La ruta de la droga
A lo anterior se suma que el pasado sábado 3 de enero, el Departamento de Justicia de Estados Unidos desclasificó la acusación formal contra el exmandatario venezolano y su esposa, Cilia Flores, a quienes señala como cabeza de un entramado de narcotráfico, corrupción y protección armada a organizaciones criminales.
De acuerdo con la fiscalía estadounidense, Maduro dirigió durante años un “gobierno corrupto e ilegítimo” que facilitó el envío de miles de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos.
El expediente, presentado ante una corte federal de Manhattan, imputa a Maduro cuatro delitos: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración para poseer ese tipo de armamento. Son cargos similares a los formulados en 2020, durante el primer mandato de Donald Trump, pero ahora ampliados para incluir a su esposa.
Según el documento judicial, organizaciones como el Cártel de Sinaloa y la banda criminal Tren de Aragua habrían operado en coordinación directa con el Gobierno venezolano, al enviar ganancias a altos funcionarios a cambio de protección y facilidades para mover droga por el territorio. Las autoridades calculan que, para 2020, hasta 250 toneladas de cocaína al año transitaban por Venezuela rumbo a Estados Unidos.
Cilia Flores también enfrenta señalamientos específicos. La fiscalía asegura que en 2007 aceptó cientos de miles de dólares para facilitar un encuentro entre un narcotraficante de alto perfil y el entonces director de la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela.
El acuerdo incluía presuntamente pagos mensuales y hasta 100 mil dólares por cada vuelo cargado de cocaína que cruzara sin contratiempos, parte de los cuales habrían llegado a manos de la esposa del exmandatario.
Tras su captura, Maduro fue trasladado a Nueva York, donde permanece bajo custodia federal en espera de su primera comparecencia ante un tribunal. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, afirmó que tanto él como su esposa enfrentarán “toda la fuerza de la justicia estadounidense” en tribunales federales.
Los llamados a la soberanía
La escalada de tensión en Venezuela tras las acciones militares ejecutadas por Estados Unidos detonó también una oleada de pronunciamientos diplomáticos de diferentes países en el mundo.
Desde América Latina y Europa, seis gobiernos -Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España-, optaron por una postura conjunta, al señalar que las acciones militares “contravienen principios del derecho internacional y violan normas en la Carta de las Naciones Unidas”, particularmente la prohibición del uso o la amenaza de la fuerza, así como el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los Estados.
En el documento, los gobiernos advirtieron que este tipo de intervenciones son un precedente peligroso para la paz y la seguridad, al tiempo que incrementan el riesgo para la población.
Expresaron que una intervención de esta naturaleza tiene efectos que trascienden las fronteras venezolanas y que pueden impactar de forma directa en la estabilidad del continente.
«Reiteramos que la situación en Venezuela debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas, mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano en todas sus expresiones, sin injerencias externas y en apego al derecho internacional. Reafirmamos que solo un proceso político inclusivo, liderado por las y los venezolanos, puede conducir a una solución democrática, sostenible y respetuosa de la dignidad humana”, señalaron.
El pronunciamiento incluyó además una advertencia específica sobre los recursos de Venezuela, luego de que los gobiernos manifestaron su preocupación ante cualquier intento de control de recursos naturales como el petróleo y otros activos del país.
El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también reapareció para fijar postura frente tras la intervención, a la que calificó como «un atentado contra la soberanía».
Aunque afirmó estar retirado de la vida política, López Obrador sostuvo que sus convicciones libertarias lo obligaron a pronunciarse ante lo que describió como un acto de prepotencia y una forma de imposición internacional.
López Obrador cuestionó que Washington actúe como una “tiranía mundial” y aseguró que personajes históricos como Simón Bolívar o Abraham Lincoln no habrían avalado una intervención de ese tipo.
El exmandatario llamó a Trump a no dejarse llevar por la «autocomplacencia» ni por los sectores más belicistas de su entorno, a los que se refirió como “halcones”, y advirtió que una victoria inmediata podría transformarse en una derrota política de mayor alcance.
En su posicionamiento, López Obrador apeló a principios de la política exterior mexicana y citó la máxima de Benito Juárez: “el respeto al derecho ajeno es la paz”, para sostener que la soberanía debe prevalecer frente a cualquier intervención extranjera.
El mensaje concluyó con una frase inusual en su estilo público, al señalar que, dadas las circunstancias, no enviaría el tradicional “abrazo” al mandatario estadounidense.
“Soy mexicano con mucho orgullo, pero también latinoamericano. Apoyo incondicionalmente a mi presidenta Claudia Sheinbaum. Por ahora no le mando un abrazo”, expresó.
En tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum, en su gira de trabajo por Hidalgo, señaló que en la relación con Estados Unidos habrá colaboración sin subordinación y mencionó que lo más importante para atender los problemas de seguridad es la responsabilidad compartida entre ambos países.
“Lo más importante es la responsabilidad compartida también, es decir, nosotros evitamos y atendemos la inseguridad en México y la violencia, evitamos que lleguen drogas a Estados Unidos y ellos también deben evitar que lleguen armas a México”, expresó.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que en Washington tienen claro que una intervención militar en México “no es una opción”, aun cuando el gobierno de Estados Unidos ha endurecido su discurso contra los cárteles del narcotráfico.
Añadió que los hechos ocurridos en Venezuela no modificarán la política exterior de México ni su postura de rechazo a cualquier forma de injerencia militar extranjera.
En contraste con esta postura, Guatemala emitió un comunicado con un enfoque distinto, al reiterar su rechazo al régimen de Nicolás Maduro y recordar que no reconocen ni el proceso electoral del 28 de julio de 2024 ni el resultado que mantuvo a Maduro en el poder.
El gobierno de Guatemala manifestó que se trató de una elección sin garantías democráticas y que estuvo marcada por la violencia contra la oposición pacífica.
«Guatemala considera que el crimen organizado transnacional y el narcotráfico constituyen evidentemente una amenaza significativa para nuestra región. Como el secuestro de algunas instituciones de justicia de nuestro país lo evidencia, América Latina y el Caribe necesitan enfrentar la realidad de la creciente influencia del crimen organizado y el narcotráfico en los sistemas políticos”, afirmaron.
Por otro lado, la Unión Europea expresó su preocupación por la intervención militar al llamar a evitar una escalada del conflicto. A través de un pronunciamiento del Servicio Europeo de Acción Exterior, el bloque pidió respetar el derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y la soberanía venezolana.
La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, señaló que el bloque sigue de cerca la situación y apuntó que una transición en Venezuela debe ser pacífica y estar a cargo de los propios venezolanos.
El gobierno chino expresó estar “profundamente conmocionado” por la acción militar de Estados Unidos y condenó el uso de la fuerza como una “violación clara del derecho internacional”.
En tanto, Rusia calificó la operación estadounidense como un acto de agresión, declaró que genera “profunda preocupación” y exigió que se busque una salida al conflicto mediante el diálogo. También solicitó una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para discutir la crisis.
Por el contrario, el mandatario argentino Javier Milei celebró públicamente la caída de Maduro, al calificarla como un avance para la libertad y para la lucha contra el “narcoterrorismo” en la región, además de que pidió reconocer al candidato opositor Edmundo González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela.
