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SSP Puebla defiende operativo durante protesta de madres buscadoras en el Estadio Cuauhtémoc

El operativo contó con la participación de más de mil 400 elementos de corporaciones estatales, municipales y federales, quienes resguardaron los accesos y alrededores del inmueble deportivo.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla, Francisco Sánchez González, defendió el operativo implementado durante la manifestación del colectivo La Voz de los Desaparecidos realizada el pasado 8 de junio en las inmediaciones del Estadio Cuauhtémoc.

El funcionario aseguró que la movilización se desarrolló con pleno respeto a la libertad de expresión y afirmó que las autoridades únicamente establecieron un cerco de seguridad con fines preventivos, en el marco del partido amistoso entre las selecciones de España y Perú.

De acuerdo con Sánchez González, la medida tuvo como objetivo garantizar la integridad tanto de las madres buscadoras como de los miles de aficionados que acudieron al encuentro deportivo, además de mantener el orden público y evitar afectaciones al dispositivo de seguridad desplegado en la zona.

El operativo contó con la participación de más de mil 400 elementos de corporaciones estatales, municipales y federales, quienes resguardaron los accesos y alrededores del inmueble deportivo.

Durante la protesta, integrantes del colectivo intentaron avanzar hacia áreas más cercanas a la explanada principal del estadio; sin embargo, fueron contenidas a la altura de la Calzada Ignacio Zaragoza y el Auditorio GNP.

Las madres buscadoras denunciaron posteriormente que fueron tratadas como delincuentes y señalaron que el operativo limitó la visibilidad de su protesta, cuyo propósito era exigir avances en la búsqueda de personas desaparecidas y llamar la atención de los asistentes al evento internacional.

Ante estas críticas, el secretario de Seguridad Pública reiteró que la intervención fue preventiva y no represiva, subrayando que en ningún momento se registraron enfrentamientos y que la manifestación concluyó de manera pacífica.

El caso ha abierto el debate sobre el equilibrio entre los protocolos de seguridad en eventos masivos y el ejercicio del derecho a la protesta en espacios públicos.

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