La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó firme la condena por daño moral contra el productor Luis de Llano, a raíz de la relación abusiva que sostuvo con la cantante Sasha Sokol cuando ella tenía 14 años. Por unanimidad, la Primera Sala negó el amparo solicitado por el productor, quien buscaba revertir la sentencia dictada en septiembre de 2023. El fallo no solo valida las medidas impuestas, sino que establece un precedente: las víctimas de abuso sexual infantil podrán presentar demandas civiles sin límite de tiempo, incluso si no es viable la vía penal.
La resolución ratifica el proyecto presentado por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo y marca un hito en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Entre las obligaciones impuestas al productor se encuentran: ofrecer una disculpa pública, capacitarse en prevención de conductas de abuso sexual y abstenerse de volver a mencionar públicamente a la víctima ni los hechos relacionados.
Sasha Sokol denunció públicamente en marzo de 2022 que había sido víctima de abuso por parte de De Llano desde los 14 hasta los 17 años, cuando él tenía 39. La relación se mantuvo durante casi cuatro años, bajo el contexto de una diferencia de poder derivada del vínculo profesional que los unía. La cantante rechazó las declaraciones del productor, quien intentó minimizar los hechos señalando que la relación fue consentida y que comenzó cuando ella tenía 17 años.
Tras su denuncia, Sokol interpuso una demanda por daño moral, señalando que su integridad, dignidad, intimidad y honor fueron vulnerados. El 26 de septiembre de 2023, la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México falló a su favor. No obstante, De Llano recurrió al juicio de amparo, mismo que ahora fue desechado por la SCJN, luego de que el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena solicitara la atracción del caso por su relevancia constitucional.
Con este fallo, la Corte reconoce las dificultades que enfrentan las víctimas de abuso infantil para identificar, procesar y denunciar los hechos. La sentencia considera que el tiempo necesario para comprender la agresión y sus consecuencias no debe ser motivo de impedimento legal. Al declarar imprescriptible la vía civil, el tribunal reconoce el carácter estructural del abuso y la responsabilidad del Estado en garantizar condiciones efectivas de acceso a la justicia.
En un mensaje difundido a través de redes sociales, Sasha Sokol expresó su satisfacción por la resolución. Agradeció a las ministras y ministros de la Primera Sala, al ministro ponente y al conjunto del Poder Judicial por dar un paso que, en sus palabras, “consolida un principio reparador basado en la verdad”. “Llevar las cosas hasta aquí me ha devuelto la capacidad de acción. Hoy tengo en mis manos las riendas de mi vida y puedo cuidarme. Estabilizar la verdad es el principio de la reparación”, escribió la artista.
Sokol también informó que los recursos económicos que eventualmente reciba como compensación serán donados en su totalidad a la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (ADIVAC), organización dedicada a combatir el abuso sexual infantil. En ese sentido, subrayó que la sentencia no se trata de castigo sino de transformación: “La lucha es por la justicia y por quienes aún no han podido nombrar lo que vivieron”.
La resolución judicial tiene implicaciones mayores para el sistema legal mexicano. Al eliminar la prescripción en demandas civiles por abuso sexual a menores, se abre la posibilidad de que otras víctimas accedan a medidas de reparación y visibilización, incluso décadas después de los hechos. El proyecto de Pardo Rebolledo fue calificado como sensible y coherente por organizaciones defensoras de derechos humanos, al contemplar las secuelas emocionales y estructurales que impiden a las víctimas alzar la voz de manera inmediata.
El caso de Sasha Sokol marca un antes y un después. No solo visibiliza una relación asimétrica de poder dentro del medio artístico, sino que reactiva el debate sobre las condiciones de impunidad, el silencio impuesto por figuras de autoridad y la necesidad de justicia con enfoque de derechos. Con esta sentencia, la SCJN establece una nueva ruta para reconocer el daño, garantizar la reparación y prevenir futuras agresiones.
