Vidulfo Rosales Sierra, quien fuera asesor jurídico de los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde 2014, ha asumido un nuevo cargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Actualmente se desempeña como secretario de estudios y cuenta en la ponencia del ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz.
De acuerdo con el portal web del máximo tribunal del país, Rosales Sierra percibe un salario neto aproximado de 118 mil pesos mensuales y contará con prestaciones que incluyen seguro de gastos médicos mayores y seguro de vida. Las prestaciones asignadas al funcionario se otorgan conforme a la normatividad vigente establecida por la anterior SCJN. Recientemente, el 6 de septiembre, los nuevos ministros anunciaron una reducción de salarios y señalaron que los altos mandos “gozarán de seguridad social a través del Issste”.
El 20 de agosto, Rosales Sierra presentó su renuncia al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, así como a la representación legal de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos. Para esa fecha, ya se especulaba su integración al equipo del ministro Hugo Aguilar Ortiz, invitación que, según reconoció el propio litigante, estaba valorando antes de incorporarse formalmente a la nueva SCJN.
Originario de Totomixtlahuaca, municipio de Tlacoapa, Guerrero, Rosales Sierra nació en 1976. A lo largo de su trayectoria, colaboró durante 24 años con el Centro Tlachinollan, asesorando también a integrantes de la policía comunitaria de Guerrero. Su labor incluyó casos de mujeres víctimas de tortura y de campesinos despojados de sus tierras, así como la asesoría jurídica de las familias del llamado Caso Iguala.
En una carta fechada el 19 de agosto, el abogado expresó que se retiraba de la “primera línea de la lucha social con la frente en alto, con la seguridad de haber puesto un grano de arena en la pelea de nuestros pueblos”.
Posteriormente, en entrevista tras su renuncia a la defensa legal de los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa, quienes fueron privados de la libertad por policías de los municipios de Iguala, Huitzuco, Cocula y Tepeapulco, y posteriormente entregados a miembros del cártel Guerreros Unidos, Rosales Sierra reconoció haber dialogado con el ministro Hugo Aguilar Ortiz “respecto del tema de los derechos de los pueblos indígenas y cómo la Corte estaría sentando los nuevos criterios y estaría avanzando en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos”.
