Durante tres días, siete pueblos originarios de San Andrés Cholula lograron lo que parecía imposible: forzar a la alcaldesa Guadalupe Cuautle Torres a reconocer públicamente un conflicto que llevaba meses ignorando. Con la carretera federal Puebla-Atlixco bloqueada a la altura de Tlaxcalancingo, las piedras, llantas y el clamor comunitario obligaron a que interviniera la Secretaría de Gobernación del estado para destrabar un diferendo que amenaza con fracturar la ya debilitada relación entre el gobierno municipal y las comunidades indígenas.
Desde noviembre del año pasado, representantes de los pueblos originarios habían tocado las puertas del Ayuntamiento de San Andrés Cholula con dictámenes técnicos bajo el brazo.
Estos estudios, elaborados por especialistas de la BUAP, la Ibero y la UDLAP, evidenciaron el impacto devastador del actual Programa Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU): un modelo de urbanización que, según los pobladores, favorece a desarrolladoras privadas como Grupo Proyecta y representa un despojo silencioso de tierras y agua.
Sin embargo, los documentos no bastaron. Durante más de seis meses, los intentos de diálogo fueron respondidos con evasivas, nula voluntad política y, según los inconformes, un abierto desprecio. La presidenta municipal simplemente no acudía a las reuniones solicitadas en su propio Palacio municipal.
🔵Habitantes de San Andrés Cholula bloquean la carretera federal a Atlixco y exigen al gobernador @armentapuebla_ dejar de lado sus faenas, NO favorecer al Grupo Proyecta e investigar a sus antecesores por despojar a las comunidades de sus propiedades 📹: @jaimecomunidad3 pic.twitter.com/Stcmw95OF8
— ContraMascaras (@contramascaras) May 22, 2025
El pasado jueves 22 de mayo, la paciencia se agotó. Cerca de 100 habitantes y activistas bloquearon desde las 10:30 de la mañana la carretera federal a Atlixco, afectando gravemente el tránsito en dirección a Puebla capital.
La protesta incluyó llantas quemadas, piedras y la exigencia clara: detener la imposición de un plan de desarrollo que amenaza con desaparecer su modo de vida.
No fue una decisión tomada a la ligera: “Llevamos meses pidiendo ser escuchados y Guadalupe Cuautle simplemente se niega a dar la cara”, denunció una de las voceras de los pueblos. “Nos quieren quitar nuestra tierra, nuestra agua, nuestra historia. Este no es desarrollo, es despojo”, agregaron los inconformes.
Mientras Tlaxcalancingo se encontraba cerrado en ambos sentidos, el Ayuntamiento emitía comunicados insistiendo en su “disposición al diálogo”. Sin embargo, omitían el punto más crucial: los pueblos nunca rechazaron el diálogo, sólo pidieron que se diera en el lugar correcto y con la autoridad competente, es decir, la presidenta municipal en San Andrés Cholula. No en Casa Aguayo, ni en oficinas externas.
Incluso los pobladores anunciaron que el propio Gobierno del estado había reconocido que el Ayuntamiento cholulteca fue quien se negó a establecer una mesa formal, lo que derivó en la intervención directa de la Secretaría de Gobernación estatal, encabezada por Samuel Aguilar Pala, durante este sábado.
La presión surte efecto
La imagen que marcó el desenlace del conflicto fue significativa: Guadalupe Cuautle, finalmente sentada frente a los representantes de los pueblos originarios, bajo la mediación de la Segob. El gobierno estatal intervino para abrir canales de diálogo real, algo que no se había logrado en meses.
En una mesa formal de trabajo, celebrada en Casa Aguayo, se firmó una minuta de acuerdos entre los pueblos originarios, el Ayuntamiento y la Segob. Entre los compromisos destacó la reapertura inmediata de la carretera federal Puebla-Atlixco y la instalación de mesas de trabajo permanentes.
Más allá: la revisión de los amparos interpuestos por los pueblos, la participación de universidades en el análisis de las propuestas comunitarias para su posible incorporación al PMDU, así como garantías de no represalias por la manifestación, un hecho que quisieron dejar entintado frente a autoridades estatales antes de una posible afrenta hacia ellos.
Previo a este cónclave, la presidenta municipal jugó todas sus cartas posibles para inclinar la balanza de la opinión pública a su favor, haciendo uso de la victimización como principal herramienta.
En una rueda de prensa, ofrecida en el clímax del escarnio público de los pueblos unidos en resistencia, Lupita Cuautle afirmó que siempre había estado “abierta al diálogo” pero también acusó haber sido víctima de violencia y hostigamiento por parte de los pueblos, incluso en su domicilio.
“En todo tiempo se han referido a mi persona de una manera violenta, también se han metido con mi imagen pública, generando amenazas y chantajes. Yo no estoy dispuesta a este tipo de situaciones, incluso amenazando que irían a mi casa a violentarme, lo cual no permitiré», dijo.
Además, acusó, sin pruebas, que los inconformes habrían solicitado 1.5 millones de pesos para formalizar un estudio técnico, mismo del que reconoció que se negó.
Sin embargo, no explicó si esa cifra correspondía a honorarios profesionales por parte de los académicos involucrados, ni si el Ayuntamiento ofreció alguna alternativa para financiar la propuesta ciudadana.
El próximo 18 de junio se celebrará una nueva mesa de diálogo. Para los pueblos originarios, será la oportunidad de constatar si la voluntad mostrada por la alcaldesa cholulteca es genuina o sólo una estrategia de contención temporal.
