La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que los citatorios emitidos por la Fiscalía General de la República (FGR) contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, forman parte de “procedimientos normales de investigación” y no representan acusaciones formales ni acciones con motivación política.
Durante una gira de trabajo en Tabasco, la mandataria federal explicó que la Secretaría de Gobernación recibió información de la FGR donde se aclara que ambos casos corresponden a diligencias distintas derivadas de investigaciones en curso.
En el caso de Maru Campos, la gobernadora panista fue citada como testigo para comparecer el próximo 27 de mayo, en relación con el operativo realizado en abril pasado en un presunto narcolaboratorio ubicado en la Sierra Tarahumara, Chihuahua.
Dicho operativo desató controversia nacional luego de que se confirmara la muerte de dos agentes de la CIA estadounidense y de elementos mexicanos, además de revelarse que los agentes extranjeros presuntamente actuaban sin autorización federal plena, lo que abrió una investigación por posible violación a la soberanía nacional.
La mandataria chihuahuense calificó el citatorio como un acto de “persecución política”, aunque adelantó que acudirá a comparecer pese a contar con fuero constitucional.
Por otro lado, Rubén Rocha Moya fue citado junto con otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, luego de que autoridades estadounidenses lo mencionaran en investigaciones relacionadas con presuntos vínculos con “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa.
Las acusaciones surgieron desde el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde se indagan posibles redes de corrupción, tráfico de drogas y pagos ilícitos.
Rocha Moya respondió públicamente que acudirá “con la frente en alto” y sostuvo que no tiene nada que ocultar.
Ante la polémica, Sheinbaum insistió en que la FGR actúa de manera autónoma y subrayó que cualquier posible acción judicial dependerá únicamente de la existencia de pruebas contundentes.
“No tiene nada de político… son procedimientos de investigación”, reiteró la presidenta.
Las declaraciones han provocado reacciones encontradas entre partidos políticos y analistas, quienes discuten si las investigaciones reflejan imparcialidad institucional o si existe un trato diferenciado entre actores de Morena y de oposición.
