El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, se dijo respetuoso del derecho de manifestación de la agrupación Cholultecas Unidos en Resistencia, quienes durante este fin de semana cerraron la carretera federal a Atlixco para pedir audiencia con la presidenta municipal Guadalupe Cuautle y exigirle frenar el despojo inmobiliario en la zona a manos de grandes desarrolladores.
El mandatario apuntó que su gobierno no está para perseguir ni confrontar, sino para escuchar, conciliar y aplicar la ley, por lo cual consideró legítimas las demandas de los pueblos originarios que pidieron integrar sus propuestas en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU).
Aunque evitó señalar directamente a la alcaldesa, el gobernador dejó entrever que fue la falta de respuesta del municipio lo que escaló el conflicto, y que fue necesaria la intervención del gobierno estatal para encauzar el diálogo.
Además, Armenta recordó que el movimiento de la Cuarta Transformación, al que pertenece, tiene su origen en la lucha por los derechos de los pueblos y organizaciones sociales.
“Tenemos que buscar justicia para todos, no se trata de confrontar a los poblanos, sino de conciliar, ese es el mensaje. El gobierno que encabezamos escucha y aplica la ley, nosotros no perseguimos, estamos a favor de las libertades y valoramos a todas las organizaciones, todas las demandas deben ser legítimas, porque nuestro movimiento nace de ahí”, expuso.
Aunque no mencionó directamente a la presidenta municipal Guadalupe Cuautle, su mensaje fue claro: las autoridades también están obligados a atender a sus ciudadanos, lo que contrastó con la reacción tardía del Ayuntamiento panista de Guadalupe Cuautle.
Por su parte, la alcaldesa Guadalupe Cuautle admitió que la solución al conflicto fue posible gracias a la intervención del secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, y reconoció que el Ayuntamiento tuvo que sentarse a la mesa con los representantes de los pueblos hasta el viernes por la noche.
La reunión permitió establecer una serie de acuerdos, como la inclusión, según su viabilidad, de las propuestas comunitarias en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU), así como la instalación de una mesa de trabajo permanente con seguimiento técnico de instituciones como la BUAP, la UDLAP y la Ibero.
No obstante, los pobladores dejaron claro que no descartan volver a movilizarse si el gobierno municipal no cumple los compromisos asumidos. El desbloqueo de la carretera a Atlixco se logró solo con la garantía de seguimiento real y presencia de autoridades estatales en la negociación.
