Diversos colectivos de motociclistas, entre ellos repartidores de plataformas digitales como Didi, se movilizaron este 21 de mayo desde el Estadio Olímpico Ignacio Zaragoza hasta el Congreso del Estado para exigir que la propuesta de reforma a la Ley de Movilidad no se apruebe sin incluir sus voces. La principal demanda: construir un padrón vehicular funcional que no implique exponer su identidad ni atente contra sus derechos.
La reforma, impulsada por legisladores locales, contempla modificaciones como la obligatoriedad de portar el número de matrícula en la vestimenta, la prohibición del uso del celular al conducir y restricciones sobre el número de pasajeros en las unidades. Estas medidas, afirman los motociclistas, buscan controlar a los delincuentes pero terminan afectando a quienes trabajan de forma honesta.
Ernesto Licona, uno de los voceros del movimiento, explicó en entrevista que al menos 25 agrupaciones participaron en la reunión con diputadas y diputados locales, en la que coincidieron en la necesidad de reducir los delitos relacionados con motocicletas, pero sin criminalizar a todo el gremio.
Entre los puntos discutidos con los legisladores destacan:
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Establecer un padrón confiable que permita conocer el parque vehicular sin comprometer la seguridad personal de los motociclistas.
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Cancelar los permisos provisionales, por ser una vía para evadir responsabilidades legales.
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Expedir placas diferenciadas conforme al uso de cada motocicleta, ya sea de reparto, transporte personal o uso recreativo.
“Pensamos que es un avance, que escucharon nuestros argumentos y ahora procede que la mesa de trabajo no solo se haga con diputados, sino también con personal de las secretarías de Movilidad y Seguridad”.
Los motociclistas argumentan que obligarlos a portar su matrícula de manera visible en su indumentaria los convierte en blanco fácil de extorsión y discriminación, además de que no hay evidencia de que esa medida reduzca los delitos. Por ello, solicitaron una nueva audiencia pública para modificar el contenido de la iniciativa.
También expusieron a los legisladores que, para que una norma sea constitucional, debe superar un test de proporcionalidad.
“Se explicó que primero la medida debe ser constitucionalmente válida, lo cual se podría aceptar si busca garantizar la seguridad ciudadana, pero no si estigmatiza a un sector completo de la población”.
El grupo dejó claro que no se oponen a una regulación, sino a que se haga sin consultar a quienes viven y trabajan a bordo de una motocicleta.
Esto contrasta con los datos que refirió la diputada local de Morena, Grace Palomares Ramírez, al presentar una iniciativa legislativa para crear un padrón obligatorio de motocicletas.
La propuesta, impulsada desde diciembre del año pasado, busca frenar un fenómeno que, según la legisladora, se ha disparado alarmantemente, pues señaló que los delitos cometidos en motocicletas se han disparado un 200 por ciento y se estima que siete de cada 10 delitos en el estado involucran a este transporte.
Además, señaló que solamente una tercera parte de las motocicletas están registradas, lo cual genera una circulación sin control y que estas sean utilizadas para cometer delitos. Por ello, hizo énfasis que la propuesta de incluir la visibilidad de las placas en casco y chaleco, no busca criminalizar a los motociclistas, sino dar mayor seguridad a los usuario, así como a la población.
La diputada de Morena subrayó que la medida ha sido respaldada por autoridades municipales de Acatlán, Chignahuapan y Atlixco, donde el uso irregular de motocicletas ha generado preocupación por su vinculación con delitos y accidentes viales.
¿Qué propone la reforma?
Entre los principales puntos de la reforma a la Ley de Movilidad se encuentran:
– Uso obligatorio de chalecos con al menos 30% de material reflejante, para mayor visibilidad.
– Instalación de calcomanías con número de placa en la parte frontal y trasera de la motocicleta.
– El casco obligatorio también deberá portar una calcomanía con el número de placa.
– El número de pasajeros permitido será especificado en la tarjeta de circulación, y no podrá excederse sin sanción.
– Se plantea regular el uso de scooters y bicicletas eléctricas, las cuales, por alcanzar velocidades superiores a 25 km/h, no podrán circular en vialidades primarias si no existe infraestructura adecuada.
