El diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del grupo parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, presentó una iniciativa que busca modificar la Constitución para facultar al Congreso de la Unión a expedir una Ley General en materia de extorsión. Esta propuesta surge ante la creciente incidencia del delito, que ha desplazado al tráfico de drogas como una de las actividades principales de la delincuencia organizada.
La iniciativa, que fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, plantea la reforma del artículo 73 constitucional, en su fracción XXI. Su objetivo es permitir al Congreso legislar en materia de prevención, persecución y sanción del delito de extorsión, así como establecer mecanismos de atención a víctimas. La norma también prevé la coordinación entre los tres niveles de gobierno: Federación, estados, municipios y, en el caso de la capital, las alcaldías.
Monreal explicó que esta medida es urgente debido a la dispersión normativa entre las entidades federativas, lo que ha dificultado una respuesta eficiente ante el problema. Según el legislador, la extorsión afecta de manera transversal a todos los sectores sociales, desde empresarios hasta estudiantes, comerciantes y productores del campo. A pesar de estar tipificada en los códigos penales locales y federal, el delito mantiene un alto nivel de impunidad y ha socavado la percepción de seguridad en todo el país.
La propuesta legislativa también enfatiza que una Ley General no sólo homogeneizaría criterios, sino que permitiría fortalecer las capacidades institucionales. Además, facilitaría el cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por México en materia de derechos humanos y seguridad pública, los cuales han sido objeto de observaciones por la falta de armonización normativa.
El legislador reconoció el esfuerzo del Gobierno federal, en particular de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha delineado una estrategia nacional de seguridad que comenzará a implementarse en ocho estados. En estas entidades se concentra cerca del 70 por ciento de las denuncias por extorsión. Monreal celebró que la nueva etapa de la política de seguridad contemple un enfoque jurídico, operativo y de protección ciudadana, alineado con el nuevo marco constitucional.
Durante la presentación de su iniciativa, Monreal subrayó que el delito ha impactado directamente a 1.3 millones de pequeños y medianos negocios, lo que equivale al 27.2 por ciento de las unidades económicas del país. En muchos casos, los pagos exigidos por los grupos criminales provocan el cierre de negocios o el desplazamiento de comunidades enteras.
El documento también señala que la estrategia para combatir la extorsión debe ser integral. Es decir, no basta con medidas punitivas: se requieren acciones preventivas, políticas de apoyo a las víctimas, mecanismos eficaces de denuncia y la profesionalización de cuerpos de seguridad e instancias de procuración de justicia.
Para Monreal, el nuevo diseño jurídico que el Congreso ha aprobado en semanas recientes representa un paso clave para enfrentar de manera más estructurada los desafíos de la delincuencia organizada. “Es juntos como podemos enfrentar el reto”, afirmó. Su propuesta se inscribe dentro de ese marco de reformas más amplias que, según el diputado, dotarán al Estado mexicano de nuevas herramientas para recuperar la paz y la tranquilidad en todo el territorio nacional.
