El Supremo Tribunal Federal de Brasil escribió una página inédita en la historia del país: la condena a 27 años y tres meses de cárcel contra el ex presidente Jair Bolsonaro (2019-2023), hallado culpable de haber incitado un golpe de Estado tras su derrota electoral frente a Luiz Inácio Lula da Silva en 2022. La decisión, tomada por mayoría de cuatro jueces contra uno, lo convierte en el primer ex jefe de Estado brasileño sentenciado por atentar contra el orden democrático.
La pena incluye 24 años y nueve meses de cumplimiento en régimen cerrado, aunque no se descarta que parte de la condena se ejecute en prisión domiciliaria debido a sus problemas de salud. El fallo todavía debe ser publicado de manera oficial en un plazo de 60 días, lo que abre un espacio para que la defensa presente recursos y alegue la vulneración de garantías. Aun así, el veredicto marca un golpe severo al bolsonarismo, movimiento que movilizó multitudes y alentó a sectores castrenses para frenar la investidura de Lula.
Bolsonaro enfrenta cargos por organización criminal armada, abolición violenta del estado de derecho, daño calificado por violencia y deterioro del patrimonio histórico. La fiscalía demostró que el ex mandatario buscó sumar a las Fuerzas Armadas a su causa, aunque solo logró el respaldo parcial de la marina. Los ataques de enero de 2023 contra las sedes de la Presidencia, el Congreso y el propio Supremo fueron considerados la culminación de su estrategia golpista.
La reacción internacional no tardó en llegar. El presidente estadounidense Donald Trump calificó el juicio de “terrible” y aseguró que Bolsonaro fue un “buen hombre” al frente de Brasil. Su gobierno ya había impuesto aranceles del cincuenta por ciento a exportaciones brasileñas y sanciones contra jueces del Supremo, en particular Alexandre de Moraes, instructor del caso. El secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió que Washington responderá a lo que calificó como “caza de brujas”, mientras que el Ministerio de Exteriores de Brasil replicó que su soberanía “no será intimidada”.
La condena abre un escenario incierto: desde la posibilidad de amnistía legislativa impulsada por sus aliados hasta una reconfiguración del tablero político de cara a las elecciones de 2026. Los hijos del ex mandatario, Eduardo y Flavio Bolsonaro, ya anticiparon que lucharán “hasta el fin” contra la sentencia, mientras que movimientos sociales exigen que el castigo se cumpla sin concesiones. Lula, por su parte, aseguró que las sanciones de Trump son “falsas” y que la justicia brasileña actuó con independencia y respeto a la Constitución.
