El Juez Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, del Cuarto Distrito en Materia Penal en Baja California, rechazó la solicitud de amparo de la defensa de Julio César Chávez Jr. para suspender la orden de aprehensión girada en 2023 por delitos relacionados con delincuencia organizada y tráfico de armas presuntamente vinculados al Cártel de Sinaloa.
Aunque la petición principal fue negada, el juez concedió una suspensión de plano para proteger sus derechos humanos en caso de ser detenido, lo que obliga a las autoridades a garantizar que no sea incomunicado y que sea presentado sin demora ante el Ministerio Público.
La defensa del exboxeador tiene tres días para ratificar la demanda de amparo, de lo contrario, la suspensión quedará sin efecto. Además, se otorgaron cinco días más para aclarar si la competencia del caso corresponde a Baja California o a la Ciudad de México, ya que el recurso también fue promovido en un juzgado del Primer Circuito.
La Fiscalía General de la República afirmó que Chávez Jr. ha promovido entre cinco y seis amparos para evitar su captura una vez que sea deportado desde Estados Unidos. Desde 2023, la orden de aprehensión ya era conocida por autoridades estadounidenses, aunque no se había ejecutado.
Actualmente, Chávez Jr. enfrenta un proceso migratorio tras haber sido detenido en Estados Unidos por situación irregular. Su localización no ha sido confirmada públicamente, y una audiencia en cortes estadounidenses fue aplazada para el 21 de agosto debido a su inasistencia.
Ante este contexto legal y migratorio, las autoridades mexicanas mantienen su postura de ejecutar la orden de aprehensión una vez que Chávez Jr. regrese al país. La FGR, en coordinación con instancias migratorias de México y Estados Unidos, continúa el proceso para asegurar su detención y presentación ante la justicia.
