Por años, los pueblos originarios de San Andrés Cholula habían presenciado una transformación acelerada y agresiva de su territorio. Fraccionamientos cerrados, torres de departamentos, plazas comerciales y vialidades amplias con nombres extranjeros sustituyeron sus parcelas agrícolas, ojos de agua y senderos comunales.
Pero detrás de esta expansión inmobiliaria, que presume modernidad, hay una historia de resistencia, despojo y negación de derechos colectivos por parte de los presidentes municipales de San Andrés Cholula, Edmundo Tlatehui y Guadalupe Cuautle.
Desde 2019, comunidades como Tlaxcalancingo, San Bernardino Tlaxcalancingo, San Rafael Comac, Santa María Tonantzintla y San Antonio Cacalotepec comenzaron a organizarse ante lo que calificaron como una “invasión inmobiliaria”, impulsada y legitimada por el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de San Andrés Cholula (PMDU).
Este instrumento, lejos de responder a las necesidades y propuestas de los pueblos, fue diseñado en administraciones bajo una lógica mercantil y de especulación inmobiliaria, privilegiando los intereses de desarrolladoras como Grupo Proyecta, por encima del derecho a habitar y decidir en su territorio.
El desdén panista
El tema poco tardó en estallar. En febrero de 2023, cuando aún gobernaba Edmundo Tlatehui, representantes de siete pueblos originarios—Tlaxcalancingo, Acatepec, Comac, Cacalotepec, Tonantzintla, Tehuiloyocan y el propio San Andrés—acusaron al edil de ignorar su propuesta de desarrollo territorial.
Los pobladores denunciaron que el Consejo de Desarrollo Urbano proyectaba una invasión inmobiliaria disfrazada de progreso, que dispararía el precio del suelo, los impuestos y las escrituras: hablaban de fraccionamientos con calles de más de 20 metros, de franquicias que alteraban la vocación agrícola y de un PMDU que no los tomaba en cuenta.
Los inconformes señalaron desde entonces que Tlatehui, estaba más cercano a los planos de desarrolladoras que a los mapas comunitarios, además de que hizo oídos sordos a sus peticiones.
En septiembre de ese mismo año, los pueblos hicieron ver su hartazgo, al cerrar por horas la carretera federal Puebla-Atlixco.
«¡Fuera el cártel inmobiliario!” y “Tlatehui vende nuestro territorio a inmobiliarias”, fueron algunas de las consignas de esa movilización, a la cual no llegaron mediadores del gobierno municipal, sino elementos de la Guardia Nacional y la policía para vigilar que la protesta no pasara a mayores.
Lo que buscaban los manifestantes no era un privilegio, sino el respeto a la ley: que se cumpliera con el proceso de consulta indígena, que se reconociera su propuesta de protección de mil hectáreas contra la especulación y que se suspendieran las asambleas informativas que el Ayuntamiento organizaba sin consultar a nadie.
Meses después, la justicia les dio la razón. En octubre, el Juzgado Sexto de Distrito concedió una suspensión provisional al colectivo Cholultecas Unidos en Resistencia para frenar la imposición del PMDU de Tlatehui.
El fallo fue claro: no se podía continuar con la aprobación, publicación o registro del plan sin cumplir primero con la consulta indígena.
“Se concede la suspensión provisional a la parte quejosa, para el efecto que se continúe el procedimiento para la misión de actualización del Programa de Desarrollo Urbano de San Andrés Cholula (…) hasta que antes de su aprobación, publicación y registro, ya que al momento no se aprecia que con la continuación de dicho procedimiento se deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pudiera ocasionar a los quejosos”, dictaba la sentencia.
Universidades dan espaldarazo
Sólo tras esta movilización, los pueblos originarios tuvieron audiencia con Javier Aquino Limón, entonces titular de la Secretaría de Gobernación estatal, quien pidió a tres universidades analizar técnicamente las propuestas de los pueblos originarios, una exigencia que Tlatehui Percino había rechazado tajantemente.
Especialistas de la BUAP, la Universidad Iberoamericana y la UDLAP estudiaron la propuesta de los pueblos y también el PMDU del Ayuntamiento. El veredicto fue contundente: las tres casas de estudio coincidieron en que las comunidades tenían la razón y que sus propuestas no sólo eran viables, sino necesarias.
Se dijo, que los polígonos de protección a los que aspiran derivan de su derecho constitucional a la autodeterminación, que el proyecto del Ayuntamiento carecía de visión ambiental y que respondía más a intereses económicos que al bienestar de las comunidades.
La BUAP, con sus nueve especialistas, criticó abiertamente la intención del gobierno municipal de permitir nuevos asentamientos inmobiliarios; la Ibero, con ocho, habló del derecho al territorio como un principio rector del desarrollo, en tanto que la UDLAP, con sus propios cinco expertos, concluyó que no se podía seguir desarrollando sin agua, sin planeación y sin justicia territorial.
Todos con maestría, doctorado y licenciatura, coincidieron en el mismo asunto: los pueblos originarios debían ser escuchados y tomados en cuenta dentro del PMDU cholulteca.
Pese a esto, el gobierno de Cuautle ha mantenido un silencio administrativo. Las propuestas validadas por la academia siguen en un cajón y sólo hasta que cerraron nuevamente la carretera federal a Atlixco, lograron doblegar a la presidenta municipal, quien se vio obligada a reunirse con ellos y la Secretaría de Gobernación del estado para avanzar en sus demandas ciudadanas. La próxima cita será el 18 de junio, fecha en la que los pueblos originarios esperarán mayores avances en las peticiones solicitadas por años.
