Una vez más, Pacto Social de Integración (PSI) demostró que lo suyo es estar marcado por el escándalo, a raíz de sus presuntos vínculos con el crimen organizado o la delincuencia.
Y para muestra, el caso más reciente: Cuautempan y la familia Cortés Betancourt.
La aparición de PSI en ese municipio data de 2018, cuando sus dirigentes eran furibundos morenovallistas, por lo que fueron en alianza con el PAN, Movimiento Ciudadano, PRD y Compromiso por Puebla, para apoyar como candidato a la cabeza de la familia de caciques, Gerardo Cortés Betancourt, quien ya había sido alcalde de ese lugar en 2008 por las siglas de Acción Nacional.
PSI, en ese momento, ya cargaba a cuestas las denuncias de vínculos con presuntos integrantes del crimen organizado, en su modalidad de venta ilegal de hidrocarburos en el Triángulo Rojo, el sitio en el que, a través de esas alianzas, ambos sentaron sus reales.
El caso más emblemático fue su pacto con José Antonio Martínez Fuentes, alias El Toñín, antiguo socio del líder de los Zetas, Roberto Jesús de los Santos, alias El Bukanas, cuyo principal centro de operaciones se encontraba en los límites de Veracruz y Puebla.
De esta alianza surgió como candidato Alejandro Martínez a la presidencia de Quecholac, un municipio al que pertenece la junta auxiliar de Palmarito Tochapan, el bastión de El Toñín.
Un año antes, la organización del presunto capo había mostrado su capacidad de resistencia armada y su fortaleza mediática para sembrar una narrativa a su favor tras un choque con elementos del Ejército Mexicano, ocurrido el 3 de mayo de 2017, en el que perdieron la vida siete civiles y cuatro soldados.
Todo eso no importó para que Gerardo Cortés Betancourt aceptara a PSI como parte de la alianza de partidos que lo respaldaría.
Al igual que otros resultados de 2018, la participación de dicho partido político estatal fue casi testimonial al sumar solo 120 votos, a diferencia de los 1,532 de MC o los 1,170 de Compromiso por Puebla. (El PRD obtuvo en esa ocasión solo 48 sufragios, pero desde ese tiempo ya sabía que era un cadáver político).
Lo interesante vino tres años después, cuando PSI decidió apoyar por completo al proyecto de la familia de caciques, quienes eligieron como su candidato a Gerardo Cortés Caballero, el hijo del patriarca y quien venía de ser prácticamente repudiado del municipio de Ahuacatlán, en donde su padre pretendía imponerlo como abanderado y, de esa manera, expandir el reinado.
Sabedores de que los tiempos habían cambiado, los Cortés Betancourt también olvidaron su pasado prianista y morenovallista para tejer una fuerte alianza con Morena, al que tampoco le importaron las cartas credenciales de sus nuevos aliados.
Lo peor es que los morenistas, además, aceptaron que en la planilla participara PSI, a pesar de haberlos criticado agriamente por sus presuntos vínculos con el crimen organizado en el Triángulo Rojo, y hasta promover diferentes recursos para echar abajo cualquier candidatura que oliera a gasolina robada.
Esa decisión pudo tener su explicación en lo que ocurrió en la jornada electoral, cuando sorpresivamente PSI aportó 166 sufragios (cuatro menos que los obtenidos tres años antes), que sirvieron para sumar un total de 2,247 votos y así derrotar al Partido del Trabajo, que se quedó con 1,174 respaldos. (Es decir, con menos logró mucho. Ironías de la vida).
Así fue como, literalmente, PSI llevó a Gerardo Cortés Caballero a la presidencia municipal de Cuautempan en 2021. En otras palabras: el triunfo se lo debió a un partido acusado de abrirle la puerta al crimen organizado en la política estatal.
Para 2024, la dinámica cambió por completo. Gerardo Cortés fue seducido por el PT, que no estaba dispuesto a sufrir otra humillación, y mantuvo su arraigo en Morena.
En tanto, PSI jugó todas sus cartas con el candidato del PRIAN, Eduardo Rivera Pérez, quien prácticamente los volvió sus consentidos de la elección y los agasajó con candidaturas por doquier. Fue por eso que en Cuautempan marcaron su distancia con los caciques, aunque eso no significó que rompieran definitivamente sus lazos políticos.
Fuentes allegadas a Acción Nacional confiaron a este reportero que, antes y después de la elección de 2024, PSI mantenía una muy buena relación con el alcalde.
Todo caminó de esa forma hasta este viernes 9 de mayo, cuando un operativo de la Fiscalía General del Estado, apoyado por el Ejército, Marina y Guardia Nacional, asestó un duro golpe a la familia de caciques y aliados de PSI.
El comunicado no tiene desperdicio:
“Se logró el aseguramiento de droga, armas de fuego, cartuchos útiles y vehículos.
“Como resultado de labores de inteligencia y de campo realizadas ante reportes de diversas actividades ilícitas en los puntos referidos —entre estas, el cobro de 200 a 500 pesos a comerciantes por dejarlos trabajar, robo de mercancía a transportistas y a negocios, así como venta y distribución de droga—, se logró identificar cuatro inmuebles utilizados para estos fines, por lo que se solicitaron las órdenes de cateo correspondientes.
“Los inmuebles e indicios quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado, en tanto continúan las investigaciones a fin de conocer su naturaleza, así como para dar con los responsables de estas actividades ilícitas”.
Los inmuebles eran propiedad de la familia, y lo mismo se encuentran en Cuautempan como en Ahuacatlán, sus dos áreas de influencia.
Peor todavía: uno de los inmuebles cateados fue el Auditorio Municipal de Cuautempan, en el que confiscaron vehículos y cartuchos útiles de uso exclusivo del Ejército.
