En el primer año de gobierno del presidente municipal José Chedraui Budib, la Contraloría Municipal aplicó sanciones a seis exfuncionarios de las gestiones de Eduardo Rivera Pérez y Adán Domínguez Sánchez.
Durante su comparecencia como parte de la Glosa del Informe de Gobierno, la titular de la dependencia, Dulce Lilia Rivera Aranda, reveló que, a pesar de que los implicados agotaron todas las posibilidades legales, como recursos de revisión o amparos, para evitar las sanciones, estas ya fueron ratificadas por la autoridad.
De las seis sanciones referidas, dos fueron amonestaciones públicas, en otra se destituyó permanentemente a un trabajador; mientras que las otras tres sanciones corresponden a una inhabilitación por tres meses, una suspensión por cinco días y otra por una semana.
El gobierno ha sido firme y ha iniciado otros 15 procedimientos administrativos, de los cuales 12 están en proceso de notificación. Los que ya fueron notificados corresponden a servidores públicos de Industrial De Abastos Puebla (IDAP), del DIF municipal y de la dependencia bajo su cargo.
Rivera Anaya agregó que hay un procedimiento en curso por la posible violación a la Ley de Adquisiciones del municipio y otros donde también los exfuncionarios han intentado evadir las sanciones con apelaciones jurídicas.
Aunque no se pudieron dar a conocer los nombres, las investigaciones podrían estar relacionadas con el “hoyo financiero” que dejó la administración panista.
Cinco secretarías con mayor número de quejas
Por otro lado, informó que entre las administraciones de Acción Nacional y Morena se han abierto mil 452 expedientes de investigación ante la Contraloría Municipal. Cinco secretarías del Ayuntamiento concentraron el 60 por ciento las quejas ciudadanas contra servidores públicos.
Las principales conductas denunciadas son Omisión en la declaración patrimonial y de intereses, irregularidades en los procesos de entrega recepción, negligencia administrativa, especialmente en los casos de siniestros vehiculares o extravío de equipamiento, deficiencias en la prestación de servicios o trámites municipales y abuso o ejercicio indebido del cargo o función pública
El mayor número de expedientes de investigación son de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), con 438. Seguida de la Secretaría General de Gobierno con 166.
La Secretaría de Administradora y Tecnología de la Información (SECATI) se colocó en tercer sitio, con 151 quejas e Industrial de Abastos se posicionó en cuarto lugar, con 91 quejas.
Asimismo, la Secretaría de Movilidad e Infraestructura cerró la lista con 81 quejas registradas ante la Contraloría Municipal.
En curso, investigación por “hoyo financiero”
En otro tema, Rivera Aranda confirmó que existe una denuncia, presentada el 15 de noviembre pasado, por irregularidades relacionadas con el llamado “hoyo financiero” heredado de la administración panista, por un monto de 547 millones de pesos.
Este expediente, subrayó, se encuentra en investigación. Sin embargo, dio a conocer que aún no se aplican responsabilidades a quien o quienes resulten responsables.
Precisó que, conforme a la ley, la Contraloría está obligada a mantener la reserva de la información durante la fase de investigación, tanto para proteger la integridad de las líneas de indagación como para garantizar el derecho a la presunción de inocencia de las personas que pudieran estar relacionadas con los hechos.
La funcionaria dejó claro que si se demuestra que existe responsabilidad administrativa, se acturá, con base en los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, congruencia, verdad material y respeto a los derechos humanos.
“Estamos obligados a actuar con independencia y transparencia, y los poblanos tienen derecho a conocer este asunto una vez que concluya la investigación”, puntualizó.
