La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno de Puebla presentó 16 denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por probables delitos, además de abrir 312 expedientes por presunta responsabilidad administrativa y reabrir 306 investigaciones heredadas de administraciones anteriores, entre ellas el caso del Museo Internacional del Barroco (MIB).
Durante su comparecencia ante la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado, como parte de la glosa del Primer Informe de Gobierno, el titular de la dependencia, Alejandro Espidio Reyes, explicó que las denuncias penales buscaron integrar los elementos necesarios para, en su caso, judicializar las carpetas de investigación cuando se acreditaron los delitos.
Precisó que, en materia administrativa, primero se determinó y calificó la presunta falta y, si existieron pruebas suficientes, el caso se canalizó a las áreas competentes para fincar responsabilidades conforme a derecho.
En relación con el Museo Internacional del Barroco, Espidio Reyes señaló que continuaron las diligencias para deslindar responsabilidades por posibles actos de corrupción durante su ejecución.
Sobre este caso, el gobernador Alejandro Armenta Mier afirmó que, si bien el gobierno estatal renegoció la deuda del proyecto mediante un pago de dos mil millones de pesos, las investigaciones por daño patrimonial y presuntas irregularidades permanecieron abiertas.
El mandatario señaló que durante la construcción del museo ocurrieron actos indebidos, entre ellos la colocación de chips de rastreo a obras de arte y daños a otras piezas, cuyo costo calificó como incalculable.
En cuanto a las responsabilidades administrativas, el secretario informó que se emitieron 173 informes de presunta responsabilidad, de los cuales 157 correspondieron a faltas no graves, 11 a faltas graves y cinco a conductas mixtas.
“La impunidad no fue una opción, pero tampoco la arbitrariedad. Todo se revisó conforme al procedimiento, con evidencias y con pleno respeto al debido proceso”, subrayó.
Auditorías y montos revisados
Espidio Reyes detalló que durante 2025 se aplicaron 136 auditorías para detectar posibles actos de corrupción. De estas, 33 formaron parte del programa anual coordinado con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno federal: 25 a dependencias, cinco a entidades y tres a municipios, con un monto auditado de mil 454 millones 704 mil pesos.
De manera adicional, los órganos internos de control aplicaron 92 auditorías para verificar la correcta comprobación del gasto público: 42 a dependencias y 50 a entidades, lo que permitió revisar un monto de 23 mil 176 millones 31 mil pesos.
Entre los ejercicios relevantes, el funcionario destacó la auditoría practicada a la gestión de José Tomé Cabrera en la Coordinación de Comunicación Social del gobierno estatal, iniciada el 31 de enero de 2025. En este proceso se detectaron seis observaciones administrativas, entonces en etapa de solventación.
