Un grupo de ciudadanos del colectivo Hermanos Serdán se plantó con una exigencia clara: quieren participar en la construcción de una ley de revocación de mandato para Puebla. No piden protagonismo, piden voz.
Su llamado no es casual ni repentino. Viene respaldado por un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que recientemente ordenó al Congreso local legislar de inmediato sobre esta figura.
La razón: la omisión del Legislativo poblano para cumplir con el artículo sexto transitorio del decreto que reformó la Constitución federal en diciembre de 2019, donde se establece que los estados debían regular la revocación de mandato en un plazo no mayor a 18 meses. Han pasado cinco años.
Arturo Mendoza, vocero del colectivo, tomó la palabra y dijo sin rodeos que la revocación de mandato es un derecho en la democracia, por lo que buscan ser parte del proceso desde el origen, no solo desde la urna.
“¿Qué más democrático puede ser si la ciudadanía tiene voz y participación con los legisladores? Queremos que Puebla vuelva a ser pionera en la República en que el Congreso y población constituyen la reforma”.
El colectivo exige que Puebla armonice su legislación con la federal, siguiendo parámetros como el 40 por ciento del padrón electoral para activar el proceso.
También piden que se revisen los mecanismos de impugnación electoral, pues, afirman, sin claridad jurídica, cualquier herramienta democrática se vuelve letra muerta.
La diputada Laura Artemisa García Chávez, presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, reconoció que la resolución de la Corte es vinculante y que se cumplirá. Será el gobernador Alejandro Armenta Mier quien deberá enviar el proyecto de reforma a la Constitución del Estado.
El reloj corre: el periodo ordinario termina este 15 de julio, por lo que la propuesta se analizaría en un periodo extraordinario, aún sin fecha definida.
Sin embargo, el gobernador se pronunció abiertamente a favor de la iniciativa de revocación de mandato para gobernadores y dejó claro que no le teme a la voluntad popular.
Armenta no solo respaldó públicamente la propuesta, sino que recordó que él mismo fue autor de una iniciativa con alcance nacional, cuando se desempeñaba como Senador, por lo que pidió al secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, recoger la iniciativa y enviarla al Congreso para su análisis y complementación.
