La esposa del presidente del Gobierno español, Begoña Gómez, quedó este miércoles más cerca de ser enjuiciada luego de que el juez Juan Carlos Peinado, encargado de investigarla por presunta malversación de fondos, concluyera sus pesquisas y solicitara enviar el caso a un jurado popular.
La decisión no es definitiva, ya que aún puede ser recurrida. El magistrado sostiene que una funcionaria contratada por la oficina del presidente Pedro Sánchez habría trabajado en actividades privadas para Gómez, lo que constituiría un uso indebido de recursos públicos.
Además de Gómez, fueron citados por el juez la funcionaria Cristina Álvarez y Francisco Martín Aguirre —quien habría participado en la contratación cuando trabajaba en la Presidencia y actualmente funge como delegado del Gobierno en Madrid—, todos señalados como sospechosos de malversación.
Este nuevo revés para Sánchez se suma a la reciente decisión judicial contra su hermano, David Sánchez, cuyo último recurso fue desestimado, quedando a un paso de ser juzgado por tráfico de influencias.
En una rueda de prensa en Nueva York, adonde acudió para la Asamblea General de la ONU, el mandatario socialista defendió a sus familiares:
“La verdad acabará imponiéndose. Y la verdad es que mi hermano y mi mujer son inocentes”.
El juez Peinado, sin embargo, señaló en su auto que existen “indicios racionales, fundados y sólidos” de la posible comisión de delitos. Asimismo, destacó que la amistad personal de Gómez con Álvarez pudo ser determinante en su nombramiento y derivar en “una desviación de recursos públicos en favor de intereses privados”.
Al comparecer el 10 de septiembre, Gómez negó los señalamientos y afirmó que solo en ocasiones “puntuales” pidió a Álvarez enviar algún mensaje, pero insistió en que esta nunca la ayudó en sus actividades profesionales.
La investigación contra Gómez se suma a otros frentes judiciales que han golpeado al círculo cercano de Sánchez: casos que involucran al exministro de Transportes José Luis Ábalos, al exnúmero tres del PSOE Santos Cerdán y al fiscal general del Estado.
Desde la oposición, el Partido Popular (PP) intensificó la presión política. Su secretario general, Miguel Tellado, escribió en la red X:
“A este paso, el sanchismo va a necesitar un banquillo de los acusados más largo que la mesa del Consejo de Ministros. Dimisiones ya”.
El PP exige de manera reiterada la dimisión del presidente del Gobierno.
