El trabajador penitenciario, quien acababa de cumplir con su turno, fue atacado directamente por sujetos a bordo de una motocicleta, quienes le dispararon directamente en el restaurant “El Solecito”, ubicado sobre Camino al Batán, en la colonia Lomas de San Miguel.
Sin mediar palabra, le dispararon y escaparon en una motocicleta. La agresión provocó una fuerte movilización de cuerpos de emergencia y autoridades de los tres niveles de gobierno, quienes acordonaron la zona en espera de peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE).
La unidad, trasciende, fue hallada más tarde en la colonia La Joya, sobre la calle Oro, aparentemente abandonada tras la ejecución.
La víctima, de 28 años y originaria de Xicotepec, fue identificada por sus compañeros. Su cuerpo quedó tendido detrás de una cortina, cubierto por una manta azul, en el lugar donde intentaba tomar su desayuno. Los servicios de emergencia sólo pudieron confirmar que ya no contaba con signos vitales.
Horas después del homicidio, una imagen comenzó a circular en redes sociales: un mensaje supuestamente adjudicado a “La Barredora”. En él, el grupo no solo se atribuyó el asesinato del custodio, sino que lanzó una amenaza directa contra lo que denominaron una “red de extorsión” enquistada en los penales de Puebla.
En su mensaje advirtieron: “Vamos contra toda la red de extorsión que existe en los penales de Puebla. Pónganse pilas que Puebla es del señor Mencho. Para los que no entienden, se van a seguir muriendo desde altos funcionarios que dan las órdenes, hasta los custodios que las cumplan”.
En tanto, el vicealmirante Francisco Sánchez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, confirmó que el ataque fue directo y señaló que se han recabado indicios para avanzar en las investigaciones.
Además, reconoció que el crimen ocurrió en un contexto de reordenamiento institucional, luego de que la Secretaría de Seguridad Pública anunció hace unos días el despido de los directores en los penales de San Miguel y Tepexi de Rodríguez, por irregularidades que van desde no combatir el acceso de instrumentos prohibidos hasta el suicidio cometido por uno de los reos.
“Como lo dijo el gobernador, hay mucha gente a la que le gusta vivir en el desorden. Nosotros estamos tomando medidas de control en los penales, y esto, evidentemente, trae consecuencias”.
Aunque aún se desconoce el móvil exacto del crimen, el hecho reavivó las sospechas sobre el control que grupos delictivos mantienen dentro y fuera del penal.
Al interior del penal, múltiples testimonios y reportes señalan que una red criminal ligada a la familia conocida como Los Orea controla extorsiones, distribución de drogas, cobro de favores y amenazas contra internos y personal.
A pesar de los constantes relevos en la dirección del penal, al menos tres en lo que va del año, la estructura de poder sigue intacta.
Medios como Ambas Manos han revelado que los reos deben pagar cuotas semanales por seguridad, visitas o incluso por su derecho a dormir en una celda sin violencia. Las extorsiones se extienden a los familiares que llevan alimentos o dinero, y que a menudo son intimidados por custodios coludidos con las mafias internas.
Las denuncias por corrupción no son nuevas. A inicios del año, familiares de reos documentaron cómo algunos internos eran golpeados o aislados por no cumplir con cuotas impuestas por custodios o jefes de celda y en varios casos, estas prácticas han derivado en muertes que oficialmente se reportan como suicidios o riñas.
Extorsiones en penales
Por otro lado, Francisco Sánchez reveló que al menos 16 presidentes municipales en Puebla han sido blanco de intentos de extorsión desde penales durante el presente año, de los cuales, en cinco casos accedieron a entregar dinero, ante las amenazas recibidas.
De acuerdo con el funcionario, las llamadas provienen principalmente de centros penitenciarios ubicados en la Ciudad de México y Jalisco, aunque también se han identificado intentos desde prisiones poblanas.
En uno de los casos más recientes, un edil de la zona Izta-Popo fue contactado desde el penal de Santa Martha Acatitla. Tras entregar una primera suma, optó por acudir a las autoridades ante la presión constante de los extorsionadores.
El vicealmirante explicó que los grupos criminales logran sembrar el miedo debido al conocimiento detallado que tienen sobre sus víctimas: saben sus nombres, los de sus familiares, e incluso datos personales como domicilios y rutinas, lo que ha facilitado que, en algunos casos, tanto alcaldes como tesoreros municipales terminen entregando efectivo tras las amenazas.
Sánchez González señaló que la falta de denuncias formales ha permitido que estas redes criminales mantengan sus operaciones con relativa impunidad, por ello, el gobierno estatal pondrá en marcha una campaña preventiva más directa para evitar que funcionarios públicos cedan a estos mecanismos de intimidación.
“Es increíblemente cómo consiguen el teléfono de todos nosotros, hasta de ustedes también, y les hacen una llamada, les dan datos concretos, obviamente crea miedo porque conocen cómo te llamas, cómo se llaman tus hijos e inmediatamente depositan”.
