El Coordinador de Gabinete del gobierno estatal, José Luis García Parra, abrió una nueva polémica al denunciar que, durante los gobiernos panistas, la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) habría funcionado con combustible proveniente directamente del huachicol.
Según su planteamiento, funcionarios de alto nivel no solo estaban enterados del esquema, sino que incluso habrían facilitado que la gasolina robada terminara en las unidades de transporte y se facturara como si se tratara de adquisiciones legítimas.
García Parra hizo una alusión directa al sexenio en que Facundo Rosas estuvo a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública, pues recordó que en esa misma administración, dos mandos fueron detenidos tras ser identificados custodiando caravanas de huachicoleros.
“Qué diferencia del secretario (Francisco Sánchez) porque vinculando al huachicoleo del PAN, el secretario de Seguridad Pública de ese partido, cuidaba y custodiaba a los huachicoleros. Se detuvo al director de la Policía estatal, al director de Grupos Especiales de la Policía, porque iban en caravana custodiando a los huachicoleros, y ya sabíamos a donde se iba todo ese combustible, a sus bolsillos, lo mandaban incluso al servicio de transporte RUTA”, apuntó.
El coordinador retomó también una acusación reciente: que el sistema de transporte público fue, durante años, un espacio de saqueo institucional controlado por lo que llamó “el Cártel de las Concesiones”, un grupo de exfuncionarios que habrían lucrado con contratos y concesiones para “amarrar” contratos por décadas.
En contraste con lo ocurrido en esas administraciones, García Parra manifestó que el gobierno de Alejandro Armenta recibe constantemente donativos de hidrocarburos de Petróleos Mexicanos (Pemex) como parte de la colaboración para combatir el huachicol.
Explicó que dichos aportes servirán para rehabilitar vialidades como la 12 Oriente y otras arterias deterioradas de la capital. A la par, reconoció el trabajo del vicealmirante Francisco Sánchez y de la Marina en los operativos recientes contra el robo de combustible, al señalar que hoy existe una coordinación entre autoridades estatales, federales y municipales.
“Vamos a seguir trabajando más allá de las responsabilidades que tenga el gobierno del estado, porque el gobernador Armenta tiene un compromiso con los poblanos en todos los municipios, por eso es que también pidió que se revise la concesión que dieron los panistas por 10 años para la recolección de basura”, manifestó.
Cártel de concesiones
El señalamiento del Coordinador respecto al abastecimiento de combustible robado en las unidades del RUTA siguió a otro hecho: el gobierno estatal acusó que la Red Urbana de Transporte Articulado opera bajo un esquema financiero heredado desde 2013 que se convirtió en una camisa de fuerza para Puebla.
José Luis García Parra explicó este miércoles que las líneas del sistema fueron concesionadas mediante contratos de Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) diseñados para ser prácticamente irreversibles, pues cancelarlos costaría alrededor de 22 mil millones de pesos.
Según el coordinador del Gabinete, estos acuerdos fueron estructurados para comprometer dinero público durante décadas: en 11 años el estado ya ha pagado más de 4 mil millones de pesos y todavía quedan 29 años para liquidar el contrato firmado en la administración de Rafael Moreno Valle.
García Parra calificó este modelo como parte de un “cártel de concesiones” que mantiene al transporte poblano atrapado en deudas y obligaciones legales difícilmente desmontables.
