El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, aseguró que los habitantes del ejido Sabinalito, en Frontera Comalapa, que cruzaron hacia Guatemala lo hicieron por tener familiares con procesos penales vigentes, no por desplazamiento forzado. Negó que la violencia del crimen organizado haya provocado la salida, aunque admitió que en la región operó durante años el grupo El Maíz.
El mandatario chiapaneco publicó en redes sociales que la migración observada en la zona limítrofe con Guatemala se debe a que algunos de los desplazados son parientes de personas actualmente encarceladas en el estado. “Reflexioné mucho antes de escribir este texto, pero es necesario que sepan que varios de los familiares de quienes se resguardan en Guatemala están detenidos enfrentando un proceso penal”, escribió.
Ramírez Aguilar sostuvo que no fue en su administración cuando se rompió el tejido social de la región, sino en periodos anteriores, cuando organizaciones criminales como El Maíz —liderada por un sujeto identificado como El Colocho— se expandieron desde Guatemala con prácticas de extorsión, desapariciones y cobro de piso.
El gobernador reconoció que esa estructura criminal opera con impunidad del otro lado de la frontera, aunque acusó que actualmente intenta desacreditar la estrategia de seguridad de su gobierno.
“Son grupos delictivos asentados en Guatemala los que buscan confundir y generar una narrativa de desplazamiento forzado, cuando en realidad se trata de familiares de delincuentes que evaden la justicia mexicana”, afirmó.
La Fiscalía de Distrito Sierra también rechazó que se trate de desplazamientos por violencia. En un comunicado, indicó que habitantes de comunidades como Sabinalito y Santa Teresa Yano Grande emigraron hacia Guatemala para evitar ser procesados, pues estarían relacionados con cabecillas locales como Vladimir N y Toño N, sujetos que cuentan con órdenes de aprehensión.
Las autoridades precisaron que, desde enero, no se han registrado éxodos masivos en la franja fronteriza, sino salidas puntuales de familias ligadas a personas buscadas por la justicia. “No hay evidencias de un desplazamiento generalizado, sino de movimientos familiares asociados a líderes criminales”, detallaron.
El tema generó polémica debido a que, apenas esta semana, el gobierno de Guatemala informó que otorgó permisos de permanencia a 161 mexicanos —entre ellos 69 niños— que huyeron de Chiapas por razones humanitarias. El contraste entre ambas versiones refleja la tensión diplomática y la complejidad de un territorio donde el crimen organizado y la debilidad institucional se entrelazan.
La narrativa oficial del gobierno chiapaneco apunta a que el éxodo no es producto de la violencia, sino de la persecución judicial. Sin embargo, testimonios recogidos en la región y reportes de medios locales hablan de enfrentamientos armados, bloqueos carreteros y amenazas constantes a la población civil.
El choque de versiones mantiene en la incertidumbre a comunidades fronterizas que han denunciado la falta de condiciones de seguridad para retomar sus actividades agrícolas y comerciales.
