Con un discurso firme contra el modelo neoliberal y en defensa del agua como derecho humano, el diputado de Morena, Julio Miguel Huerta Gómez, presentó ante el Congreso de Puebla una iniciativa de reforma constitucional que busca prohibir la privatización del servicio de agua potable, drenaje y saneamiento en los 217 municipios del estado.
La propuesta no solo plantea blindar el acceso al agua frente a intereses privados, sino que también busca sentar las bases para recuperar progresivamente el control público del recurso hídrico, mediante una estrategia técnica, presupuestaria y legal a mediano plazo.
“Así como la seguridad pública, el agua no puede ni debe estar sujeta a intereses económicos. El servicio debe estar en manos del Estado, con visión social, no mercantilista”, subrayó el legislador.
Blindaje constitucional al derecho al agua
La iniciativa propone modificar la fracción III del Artículo 104 de la Constitución Política del Estado de Puebla, para que los ayuntamientos no puedan concesionar los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales a empresas privadas, como actualmente lo permite el marco jurídico.
El nuevo texto establecería que dichos servicios solo podrán ser gestionados por entidades públicas, ya sean municipales, estatales o en coordinación, elevando el manejo del agua al mismo rango de excepción que la seguridad pública.
Impacto en Puebla capital
Uno de los efectos inmediatos sería que, en casos como el de Puebla capital, donde opera Concesiones Integrales (Agua de Puebla), el contrato ya no podría ser renovado al término de su vigencia en 2044. El diputado incluso consideró viable que esta reforma presione para retirar la concesión si el servicio continúa sin cumplir las expectativas ciudadanas.
Huerta Gómez adelantó que, a mediano plazo, podría crearse una Secretaría del Agua en el estado, similar a la que ya opera en la Ciudad de México. Esta tendría como funciones coordinar la recuperación del servicio, capacitar técnicamente a los municipios y garantizar su gestión pública.
Municipios sin operadores formales
El legislador advirtió que en decenas de municipios con menos de 20 mil habitantes, el servicio no está a cargo de organismos operadores, sino de comités auxiliares o autoridades locales sin preparación técnica, lo que deriva en mal manejo de recursos y uso político del agua.
“En Chignautla, por ejemplo, los sistemas operan en números rojos; Tehuacán tampoco va bien. Y hay personas que ya están levantando la mano para pedir concesiones, porque ven el agua como un negocio, no como un derecho”, señaló.
Unidad Técnica y futura Secretaría del Agua
- La iniciativa ordena también la creación de una Unidad Técnica estatal, que tendrá como funciones:
- Diagnosticar la situación actual del servicio en cada municipio
- Evaluar las fuentes hídricas y su disponibilidad
- Diseñar un plan para recuperar el control público
- Proponer modificaciones legales necesarias
Esta Unidad comenzaría a operar el 1 de febrero de 2026 y deberá presentar su diagnóstico antes del 16 de noviembre de 2025. A mediano plazo, se transformaría en una nueva Secretaría del Agua del Gobierno del Estado de Puebla.
“No es descabellado pensar que en Puebla podamos tener nuestra propia Secretaría del Agua. Es una necesidad frente a la crisis hídrica que vivimos”, añadió Huerta.
Crítica al modelo privatizador
La propuesta parte de una crítica directa al modelo neoliberal que promovió la privatización del agua como parte del desmantelamiento del Estado. El documento denuncia que la gestión privada ha derivado en conflictos sociales, sobreexplotación, desabasto y riesgos sanitarios, especialmente en comunidades marginadas.
“El agua, entendida como derecho humano, ya es escasa en nuestro estado y gran parte del país. No puede ser manejada por empresas privadas, cuyos fines no son garantizar la salud y el bienestar de la población, sino la rentabilidad financiera”, se lee en el documento.
Ejemplos de consecuencias: socavón y contaminación
Como ejemplo, se menciona el socavón de Juan C. Bonilla, surgido en mayo de 2021, que se atribuye a la sobreexplotación de mantos acuíferos. De acuerdo con especialistas del IPN, en esa zona existen al menos cinco concesiones activas, incluyendo una de Agua de Puebla, con una extracción superior a 121 millones de metros cúbicos anuales.
También se alerta sobre la presencia de arsénico en aguas profundas destinadas al consumo humano. Se cita al doctor Ernesto Mangas Ramírez, investigador de la BUAP, quien documenta que Puebla pierde entre el 40 % y el 80 % de su balance hidrológico cada año, y que el acuífero de la capital desciende entre 1 y 1.5 metros anuales debido a la sobreexplotación.
Agua pública y autonomía municipal
Finalmente, Huerta recordó que el Artículo 115 de la Constitución federal reconoce que el agua potable, el drenaje y el tratamiento de aguas residuales son funciones prioritarias de los municipios, incluso por encima de la seguridad pública.
Asimismo, la ley permite que los ayuntamientos celebren convenios con el Estado para que este asuma temporalmente dichos servicios, o bien se presten de manera coordinada entre ambos niveles de gobierno.
