José Chedraui Budib, presidente municipal de Puebla, reveló que durante la protesta por el desalojo de casi 9 hectáreas de la exhacienda La Covadonga acudieron personas encapuchadas y presuntamente armadas, pero aun así su administración llegará hasta las últimas consecuencias para apoyar a los defraudados con la venta ilegal de predios.
El presidente municipal ofreció su respaldo a las personas defraudadas, aunque también dejó en claro que el proceso legal debe seguir su curso.
“Vamos a llegar hasta las últimas. Hay quienes aseguran tener escrituras, pero corresponden a terrenos en Tlaxcala, no en Puebla. Nos comprometemos a darles toda la información que necesiten para que se haga justicia”.
Sobre las manifestaciones de este 22 de julio, donde un grupo se presentó encapuchado y presuntamente armado, el alcalde reconoció el enojo legítimo de quienes fueron víctimas de fraude, pero señaló que no son las formas de reclamar, por lo que exhortó a los quejosos a “hablar de frente”.
El conflicto por el desalojo en el predio de La Covadonga en Puebla sigue escalando, pero el Ayuntamiento fue claro: los verdaderos responsables son quienes vendieron terrenos de forma irregular y no el gobierno municipal.
Por su parte, el secretario de Gobernación municipal, Francisco Rodríguez Álvarez, hizo un llamado a los afectados a que inicien acciones penales contra los responsables de los engañaron con documentos apócrifos y falsas promesas de propiedad, un grupo conocido como “Los Inmaculados”.
“Lamentablemente, los papeles que les entregaron fueron expedidos en Tlaxcala, sin ningún valor sobre los terrenos de La Covadonga. Es evidente que se aprovechó de ellos alguien que abusó de su buena voluntad”0.
Este martes, una comisión de vecinos, acompañada por abogados, acudió al Ayuntamiento para pedir explicaciones y mostrar más información sobre sus casos.
A pesar de ello, la postura oficial se mantuvo: el desalojo obedeció a una orden judicial solicitada por la Fundación Julita y Antonio, propietaria legal del terreno.
Rodríguez Álvarez aclaró que en el momento de la demolición no se encontraban personas habitando las construcciones. La intervención, dijo, fue ejecutada con respaldo de la policía municipal para garantizar el cumplimiento de la resolución judicial.
Los terrenos fueron invadidos desde 2023 por grupos de choque de los conocidos “Inmaculados”, llamados así por la presunta relación con la empresa embotelladora Agua Inmaculada instalada en la zona, quienes levantaron construcciones irregulares y las dividieron en 450 lotes.
Cada uno se vendía en precios que iban de los 200 mil hasta los 350 mil pesos, aprovechándose de la necesidad de vivienda de muchas familias.
Dos años después de omisión de administraciones municipales pasadas, el 19 de julio, ingresó maquinaria pesada para demoler lo que en su momento se levantó a la fuerza en la colonia Ignacio Zaragoza, a la altura del kilómetro 13.9.
La orden que dio paso a la demolición de las viviendas en obra gris fue firmada desde el mes de abril de 2024, cuando la Dirección de Desarrollo Urbano municipal emitió una orden con carácter de urgente y ejecución inmediata para proceder a la demolición de construcciones ilegales levantadas en La Covadonga.
De acuerdo con el documento oficial, se justificó una medida de seguridad preventiva, la cual subsistiría hasta que el propietario, poseedor o representante legal del terreno retirara por su cuenta las construcciones irregulares. En caso contrario, la autoridad podría actuar de inmediato con el respaldo de otras dependencias municipales.
Por ello, la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano solicitó el apoyo de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Movilidad e Infraestructura del Ayuntamiento capitalino para llevar a cabo los trabajos de retiro y demolición.
La orden municipal concluyó advirtiendo que, aunque la demolición se realizaría como acción inmediata de prevención, no exime a los responsables de futuras sanciones administrativas o legales que pudieran imponerse por violar la normativa urbana.
Este documento sirvió como fundamento para el operativo realizado en la madrugada del 19 de julio, cuando autoridades de los tres niveles de gobierno derribaron más de 30 estructuras irregulares en casi nueve hectáreas del terreno en disputa, devolviendo a la Fundación Julita y Antonio una parte de los predios legalmente acreditados a su nombre.
Esto fue posible en atención a una nueva resolución dictada el pasado 15 de julio de este año, dentro del juicio de amparo 257/2025-III, por el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Puebla.
