La aprobación de la reforma al Código Penal del Estado en materia de ciberseguridad, por parte del Congreso del estado, fue utilizada por el PRIAN para montar un show —con la violación al reglamento de sesiones incluido— el cual fue desinflado casi de inmediato por la misma presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Laura Artemisa García Chávez, quien ofreció una amplia defensa de la iniciativa que contó con la asesoría de expertos en la materia.
La iniciativa, presentada por el coordinador de Gabinete del Gobierno del Estado, José Luis García Parra, fue discutida y avalada durante la sesión ordinaria de este miércoles, con 35 votos a favor, cinco en contra y una abstención. Incluye un paquete de reformas al Código Penal de Puebla para tipificar nuevos delitos en materia de ciberseguridad, como el espionaje digital, la usurpación de identidad y el ciberasedio, con sanciones de hasta tres años de prisión.
Además, tipifica los delitos de usurpación de identidad y el espionaje digital, así como también impone sanciones por el uso del espectro digital con la finalidad chantajear o “controlar emocionalmente” a menores con fines sexuales y a aquellos que se hagan pasar como una institución financiera para obtener, mediante engaños, datos sensibles de otras personas.
La iniciativa, discutida en la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso del estado, surgió de la concentración de dos propuestas: la presentada el 6 de noviembre de 2024, por el entonces diputado local José Luis García Parra, en materia de ciberseguridad; y otra del diputado también de Morena, Mauricio Céspedes Peregrina, para adicionar el artículo 258 ter al Código Penal.
🛡️💻 ¡#Puebla fortalece la #ciberseguridad! El @CongresoPue aprueba con 35 votos a favor tipificar usurpación de identidad, espionaje digital y ciberacoso. 🚨 Un gran paso para proteger a los poblanos en el mundo digital. #LeyCiberseguridad #PueblaSegura
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— Desde La Silla (@Desde_LaSilla) June 12, 2025
La discusión
El primero en hacer el uso de la voz para defender dicha iniciativa fue precisamente Mauricio Céspedes, quien destacó la necesidad de establecer en el Código Penal poblano el delito de usurpación de identidad, pues de acuerdo con datos obtenidos del director general del CCP México, Alfonso Flores, el país ocupa el octavo lugar a nivel mundial y el segundo en América Latina por el robo de identidad.
Además, refirió que un estudio elaborado por Único México, el país experimentó un aumento del 84 por ciento en ese tipo de delitos durante el 202 y resalta que en nuestro país este delito ocurre hasta cinco veces más que en Brasil.
Los intentos de infiltración aumentaron 63.2 por ciento, mientras que la circulación de identidades falsas creció 49 por ciento, además, 78 por ciento de los defraudadores actúan en más de una institución ocasión, lo que refleja una operación criminal cada vez más estructurada.
De hecho, explicó que la falta de una tipificación en la legislación local puede dificultar su persecución y sanción específica dejando a las víctimas sin un respaldo legal adecuado.
“La falta de esta tipificación en la legislación local limita la capacidad del sistema judicial para perseguir eficazmente a los responsables y brindar protección adecuada a quienes sufren estos delitos”.
A continuación, la diputada local del PAN Susana Riestra Piña subió a la tribuna para advertir que la iniciativa incluía un error grave, pues el delito de ciberasedio no existe en ninguna legislación y, por el contrario, Puebla ya cuenta con el artículo 278 Nonis del Código Penal que establece la figura del ciberacoso.
“Hoy queremos inventarnos un delito que ni siquiera el propio Ministerio Público o los jueces van a poder establecer la diferencia entre si es ciberacoso o es ciberasedio. Es un tema de sentido común, de responsabilidad, más allá de quién haya propuesto la iniciativa”.
Incluso, advirtió que tal iniciativa, tal y como se encuentra, debe considerar como una “ley censura”, la cual criminaliza la denuncia ciudadana y la libertad de expresión, por lo que es una muestra del “terrorismo social” que se pretende imponer.
La panista fue secundada por la dirigente estatal del PRI y diputada local Delfina Pozos Vergara, quien no sólo criticó la premura con que se discutió el documento sino que incluye “evasiones” legales que dan margen a una interpretación subjetiva, lo que daría pie a corrupción y falta de certeza jurídica.
Señaló que también podría utilizarse como una herramienta para censura, al no establecer los límites para proteger la libertad de expresión, además de que hay “vacíos técnicos graves”, porque no se especifica cómo se manejara la evidencia digital para denunciar, ni se garantizan los derechos procesales.
Pozos Vergara puntualizó que el estado carece de las capacidades técnicas y operativas para la aplicación de esta nueva ley y como ejemplo es que en la Secretaría de Seguridad Pública estatal solo hay 16 policías cibernéticos, cuando lo óptimo es que la cifra llegue a los 40. Eso llevará a que los Ministerios Públicos no tengan la base técnica para abordar estos casos.
“Esta ley mal aplicada, puede castigar la crítica legítima como si fuera un delito, nos acerca a una Ley Mordaza digital y no lo podemos permitir, ni como defensores del pueblo ni defensores de la legalidad”, arguyó.
La defensa
Lo que las legisladores del PRIAN no esperaban era que dos legisladoras morenistas hicieras una amplia defensa de la iniciativa partiendo desde su propia experiencia.
“Personalmente vivo a diario el ciberacoso, la intimidación digital y el ciberasedio. A diario soy atacada en redes sociales en menoscabo de mi trabajo, ya sea por mi apariencia o mediante personas que de manera desagradable hacen descalificaciones, ataques y difamaciones que denotan que aún hay mucho por hacer”, aseveró la diputada Grace Palomares.
Desde la tribuna exhibió el caso de Francisco N., una persona que, mediante una cuenta en X, la ha agredido, denigrado y humillado en su trabajo como política, citando que los cargos que ha obtenido han sido “por ser la puta de algún político”.
A este sujeto, dijo, también se suman otros violentadores que, a través de cuentas falsas, han desplegado descalificaciones todos los días, al grado de afirmar que las diputadas, regidoras, presidentas municipales y representantes de Morena “son las putas del bienestar, que somos una pendejas, nacas y feas”.
Sin embargo, Grace Palomares destacó que esto no es solo para quienes representan un cargo en el partido, sino también es una violencia sistematizada para todas las mujeres poblanas.
“Que se oiga fuerte, claro y lejos, es momento de darle seriedad y poner mano dura. Las tecnologías de la información son una realidad, cuya regulación es inminente”, expresó.
La diputada dijo que al aprobar estas reformas en materia de ciberseguridad permitirán proteger a mujeres, adolescentes y niños que son atacados desde las redes sociales, por lo que consideró que quien vote en contra “es cómplice”.
“No puedo creer que haya mujeres en este Congreso que se atrevan a votar en contra de esta propuesta, aun cuando también han sido víctimas de estos delitos.
Este no es un acto de censura ni limita la liberta de expresión, pues ese derecho tiene como límite el respeto a los demás, la calumnia y la difamación puede acabar con la reputación de las personas, este es un acto de justicia para todas y todos los que hemos vivido estas violencias Donde empiezan mis derechos, terminan los de los violentadores”.
La intervención fue seguida por la de la diputada de Morena Nayeli Salvatori Bojalil, quien no solo se solidarizó con su compañera que la antecedió sino que dijo entender muy bien el ciberasedio, pues a ella también la han incluido en “el grupo de las putas del Bienestar”.
En tribuna, advirtió que la verdadera preocupación de la oposición ante este tipo de iniciativas es que no sabrán qué hacer “con sus granjas de bots que utilizan para manipular la conversación pública y sembrar odio desde el anonimato”.
“Esas nóminas que se gastan en sus bots, métanlas en su distrito, como el gobernador vayan a hacer obra comunitaria, en lugar de estar cobardemente detrás del escritorio diciendo que esta regulación es para que las mujeres no puedan externar el acoso” .
Insistió en que con los recursos que tienen, la oposición paga por cuentas falsas que promueven un discurso de odio, burlas, humillaciones, desprecios sin rostro y sin responsabilidad e incluso la oposición está más preocupada por el tiempo en que se tardó en discutir una iniciativa, cuando la preocupación real debe ser que detrás de cada insulto está en juego la vida de un joven o una mujer que empieza a dudar de su valor. “Hay un riesgo real, crudo y urgente del suicidio”.
Al concluir la primera ronda de discusión, la priista Delfina Pozos solicitó nuevamente la palabra y justificó su intervención para dar respuesta a “alusiones personales” supuestamente realizados por la diputada Nayeli Salvatori, pero la presidenta de la Mesa Directiva, Guadalupe Vargas, consideró inviable el argumento.
Esa situación provocó la ira de la priista, quien pronto lo demostraría en pleno legislativo.
El show priista
La sesión continúo con la segunda ronda de discusión, en la que solo se apuntaron el diputado del PAN, Rafael Micalco Méndez y la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Laura Artemisa Gracía Chávez.
En su turno, el panista ironizó que, a pesar del poderío de Morena y los recursos públicos que manejan, “resultaron de piel delgada” por lo que pareciera que con esa ley pretenden detener o minimizar las expresiones ciudadanas, periodística y de la oposición con una palabra que es “ambigua” y un delito que no existe como es el ciberasedio.
“Ahí es donde está la preocupación, que no se vaya a mal utilizar este término, esta ley, para coartar la liberta de expresión de cualquier ciudadano, sea periodista, sea oposición o sean ustedes mismos que tomen la decisión de criticar a alguno de los suyos”, reiteró.
Asimismo, hizo referencia a la Reforma Judicial, que ni con 83 por ciento de aprobación logró rebosar 13 por ciento de la participación en la elección. Y de ese porcentaje—agregó— 5 por ciento fue para darle “mentadas de madre” al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, a quien se le ocurrió demandar a un ciudadano por increparlo.
“Ese es un ejemplo de lo que se ve venir, es un ejemplo claro de un exceso de poder, ese es un ejemplo claro de cómo no aguantan ni una expresión de un ciudadano. En el tema de la capital, lo que yo veo venir son expresiones más duras”.
Conforme a la lista de oradores, la diputada Laura Artemisa García Chávez se dirigió a la tribuna para hacer la defensa de la iniciativa, pero justo en ese momento ya había sido tomada por la priista Delfina Pozos, quien a gritos exigía dar una postura porque insistía que había sido aludida personalmente.
La conducta de la diputada del PRI no solo violó el Reglamento de Sesiones del Congreso local, sino que derivó en un enfrentamiento verbal con Nayeli Salvatori a la que de plano retó a que subiera a la tribuna para debatir cara a cara.
“¿Tienes algún problema personal? ¿Cuál es el problema que pida el uso de la palabra? Si quieres, pásate aquí y discutimos”, retó la priista.
Ante el improperio de Delfina Pozos, la presidenta de la Junta de Gobierno guardó mesura y dejó que la Mesa Directiva abriera el micrófono para expresa su inconformidad. “Si les molesta que acá nostros como oposición no seamos agachones resignense porque así va a ser, nosotros siempre vamos a ser críticos y vamos a decir las cosas”, alegó la dirigente estatal del tricolor.
Luego de este intercambio de palabras, la presidenta del Congreso local subió a la tribuna y fue respaldada por todos los diputados de las fracciones de Morena, PT, PVEM, Nueva Alianza y Fuerza Por México, quienes literalmente cerraron filas con ella.
La cátedra a la oposición
Sin perder la compostura, con un tono de voz firme, Laura Artemisa García Chávez hizo una amplia defensa de la iniciativa que propone la creación de nuevos tipos penales como ciberasedio, usurpación de identidad y espionaje digital, así como la ampliación del delito de ciberacoso.
La legisladora enfatizó que esta reforma responde a una necesidad social urgente y negó que tenga dedicatoria o pretenda perseguir a sectores específicos. Es más, indicó, que la norma contó con la opinión de expertos, como Juan Carlos Pérez Vallejos, actual director General de Servicios Técnicos de la Policía Estatal Cibernética, así como especialistas de la Fiscalía General del Estado y de Seguridad Pública.
“Hoy queremos hacer leyes que sean operativas y que no obedezcan a un ego personal, porque tuve la oportunidad de que se me aprobara una ley, sino que se lleve a cabo en el momento histórico que corresponda”, fustigó.
La iniciativa que dio origen al dictamen -abundó- fue presentado el pasado 6 de noviembre de 2024, por lo que estuvo disponible para cualquier diputado que estuviera interesado en su estudio.
Y reviró a la oposición: “La iniciativa ha estado disponible para su análisis desde hace más de siete meses. Quienes hoy la critican, no impulsaron mesas de trabajo ni foros cuando pudieron hacerlo. Ahora toman la palabra con el único fin de confundir a las y los poblanos”, declaró la diputada morenista.
“Si tuvieran verdadero interés por el tema, se impulsarían las mesas de trabajo, los foros y no estarían esperando a ser convocados a mesas de trabajo a las que no llegan o se salen como ha sucedido en la discusión de la reforma a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial”.
“Quisiera escuchar esa y esa efusividad no solamente cuando hay una cámara enfrente y nos pueden escuchar los poblanos, sino trabajaran todo el tiempo en verdaderas mesas de trabajo y foros impulsados, todos han tenido la facilidad de tener esos espacios”.
Y dio un paso más, al recordarle al PRIAN que ya se les olvidó que, en otros tiempos, cuando hubo autoritarismo y cerrazón, ninguno de ellos cuestionó nada.
Chávez García recordó que el delito de ciberacoso fue aprobado en 2019 con el objetivo de proteger, principalmente, a las mujeres víctimas de acoso sexual en entornos digitales. Refirió que, de acuerdo con datos del INEGI, más de 9 millones de mujeres en México han sufrido ciberacoso, y que Puebla ocupa el cuarto lugar nacional en incidencia de este delito.
La legisladora argumentó que esta reforma busca actualizar el marco legal para enfrentar nuevas formas de violencia que se ejercen a través de tecnologías digitales, sobre todo contra niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
Sobre las críticas por una supuesta sobrerregulación, Chávez García explicó que el ciberacoso tiene un enfoque sexual, mientras que el ciberasedio se centra en la conducta reiterada y ofensiva, y que ambos responden a fenómenos diferentes aunque relacionados.
Comparó esta distinción con los delitos de acoso sexual y hostigamiento sexual, que también son figuras similares, pero no idénticas, y coexisten dentro del marco jurídico.
“La intención real de esta reforma es seguir avanzando de manera responsable. No buscamos censurar ni callar voces, sino brindar herramientas jurídicas para proteger a quienes hoy sufren violencia digital. Ninguna persona está por encima de la ley, y quienes hacen mal uso de las tecnologías deben rendir cuentas”, afirmó.
Finalmente, la diputada presidenta reiteró que el compromiso de la actual legislatura es con la ciudadanía, y que las reformas aprobadas buscan fortalecer el bienestar, la seguridad y los derechos de las y los poblanos, más allá de intereses partidistas.
