Ante la polémica generada en el Congreso por un transitorio poco claro, la Presidencia de la República fijó postura a través de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, coordinador general de Política y Gobierno y exministro de la Suprema Corte. Su mensaje fue categórico: “ninguna ley puede tener efectos retroactivos en perjuicio de las personas”, en apego estricto al artículo 14 constitucional.
El exministro recordó que las normas procesales, como la Ley de Amparo, se aplican a partir de su entrada en vigor y hacia el futuro, nunca sobre actos consumados. Señaló que la redacción del primer artículo transitorio ha despertado dudas razonables en el debate público, pero insistió en que no se trata de un intento del Ejecutivo por vulnerar derechos adquiridos. “La presidenta tiene razón en ser muy enfática: en este gobierno no se impulsan ni se avalan leyes ni actos contrarios a la Constitución y no hay cabida a la aplicación retroactiva de ninguna ley en perjuicio de persona alguna”, puntualizó.
La Cámara de Diputados recibió una minuta de reformas a la Ley de Amparo en la que se introdujo un transitorio que parecía abrir la puerta a que los juicios vigentes se ajustaran a las nuevas disposiciones. La ambigüedad de su redacción generó alarma en la oposición y entre juristas, quienes advirtieron que ello podría equivaler a aplicar la norma de manera retroactiva. Frente a esa incertidumbre, la Presidencia salió a subrayar que la interpretación correcta se encuentra en la propia Constitución: las leyes solo tienen efecto hacia adelante.
Zaldívar reconoció, sin embargo, que la redacción actual “no es la más adecuada” y por eso sugirió al Poder Legislativo “hacer las adecuaciones pertinentes” para otorgar claridad al texto. La invitación fue a un diálogo constructivo entre poderes, con el objetivo de corregir la ambigüedad sin detener la reforma. De este modo, el Ejecutivo marcó distancia de cualquier intento de manipular la norma, pero también evitó descalificar el trabajo parlamentario.
La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó plenamente estas palabras. Para ella, el respeto a la legalidad es condición fundamental de su proyecto político. Desde que asumió el cargo, ha insistido en que la transformación del país debe apoyarse en la certeza jurídica. La posición expresada en esta Mañanera reforzó ese mensaje: no habrá espacio para disposiciones que violenten la Carta Magna ni para interpretaciones que generen inseguridad entre la ciudadanía.
Zaldívar recordó que el amparo no es un mecanismo rígido, sino un proceso que se actualiza con las reformas legales, pero sin violentar los principios de irretroactividad. La finalidad, dijo, es que los procesos en curso sigan su cauce conforme a las reglas vigentes en el momento de su inicio, y que solo los nuevos casos se ajusten a las disposiciones reformadas. Esa lógica permite modernizar la ley sin poner en riesgo la seguridad jurídica de quienes ya están en litigio.
Durante la conferencia también se señaló que el Ejecutivo Federal solicitará un diálogo respetuoso con el Congreso de la Unión para atender las inquietudes surgidas en torno a la reforma. La intención, de acuerdo con el coordinador, es mantener colaboración institucional y precisar los textos legales en caso de ser necesario.
