Vidulfo Rosales Sierra, uno de los rostros más visibles en la defensa legal de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, anunció este jueves su renuncia tanto a esa representación como al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, institución en la que trabajó durante 24 años. La noticia sorprendió a las familias, que se preparan para conmemorar el once aniversario de la tragedia ocurrida en Iguala el 26 de septiembre de 2014.
La decisión fue comunicada de manera directa a los padres y madres en la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, donde Rosales explicó que motivos personales y de salud lo llevaron a dar un paso al costado. “Me retiro de la primera línea de la lucha social con la frente en alto”, escribió en su carta, en la que también agradeció a las familias y a Abel Barrera, director del Centro Tlachinollan.
Diversos medios han señalado que Rosales podría sumarse como asesor del ministro indígena electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, con quien comparte una larga trayectoria en la defensa de los pueblos originarios. Aunque en fotografías aparece junto a Aguilar en reuniones recientes, el propio abogado ha aclarado que no existe un acuerdo definitivo. “Lamento que se especule, no hay nada en firme”, comentó.
Durante casi once años, Rosales fungió como vocero de los padres y madres de Ayotzinapa, denunciando las inconsistencias de las investigaciones y alertando sobre intentos de volver a la llamada “verdad histórica”. En los últimos meses, había advertido que, pese a los compromisos de la presidenta Claudia Sheinbaum, no se habían materializado nuevas líneas de indagación.
Su trayectoria ha estado marcada por casos emblemáticos. Encabezó la defensa de mujeres indígenas víctimas de tortura sexual a manos de militares, como Inés Fernández y Valentina Rosas, representó a líderes comunitarios como Marco Antonio Suástegui, y acompañó procesos legales contra el despojo de tierras y violaciones a derechos de comunidades campesinas. Estas batallas lo colocaron en la mira de gobiernos estatales y federales, provocando amenazas y campañas de hostigamiento en su contra.
En 2012, debió salir temporalmente del país por amenazas de muerte; años después, en 2022, enfrentó advertencias legales del exgobernador Ángel Aguirre Rivero. A pesar de ello, se mantuvo como un referente de la defensa legal de víctimas de abusos en Guerrero y otras regiones del país.
Rosales nació en 1976 en Totomixtlahuaca, Guerrero, en una comunidad indígena marcada por la marginación. Esa experiencia personal fue, según ha narrado, el motor de su compromiso con los pueblos originarios. Tras estudiar Derecho en la Universidad Autónoma de Guerrero, se incorporó a la defensa de comunidades en el Centro José María Morelos y Pavón y después en Tlachinollan, donde consolidó una carrera dedicada a los derechos humanos.
En su despedida, dejó claro que no abandona la causa. “No puedo eludir mi deber de clase. Soy de una comunidad indígena enclavada en la Montaña, toda mi vida he caminado a contracorriente por senderos escarpados producto de la miseria y marginación”, expresó en su carta. El caso Ayotzinapa, precisó, seguirá bajo la atención de Tlachinollan, el Centro Prodh y Serapaz.
La salida de Rosales ocurre en un momento clave: las familias de los 43 normalistas tienen programada una reunión con la presidenta Sheinbaum en los próximos días, en la que insistirán en esclarecer el paradero de sus hijos. Sin la presencia de Rosales, el colectivo “Nos Faltan 43” pierde a su principal portavoz, aunque no a un aliado definitivo, pues él ha prometido continuar acompañándolos, aunque ahora desde otra trinchera.
