Estados Unidos activó una orden ejecutiva que autorizó la imposición de aranceles adicionales a mercancías provenientes de países que vendan o proporcionen petróleo a Cuba, de manera directa o indirecta, bajo el argumento de que el gobierno cubano mantuvo políticas y alianzas que afectaron la seguridad nacional de ese país.
La Casa Blanca presentó la medida como respuesta a una “emergencia nacional”, lo que habilitó el uso de instrumentos comerciales para presionar a los proveedores energéticos de la isla, sin detallar por ahora qué países quedarían sujetos ni el porcentaje de los aranceles ad valorem.
El texto oficial sostuvo que el gobierno cubano apoyó a actores considerados hostiles por Washington y cometió violaciones sistemáticas de derechos humanos, además de desestabilizar la región mediante migración y violencia, argumentos que sirvieron de base jurídica para la orden.
La disposición facultó a los secretarios de Comercio y de Estado para identificar a los países que abastecieron de crudo a Cuba, definir el alcance de los aranceles y dar seguimiento permanente a la situación, con la posibilidad de ajustes si existían represalias o cambios en la conducta del gobierno cubano.
La orden incluyó una cláusula de revisión que permitió modificar o levantar las medidas si Cuba o los países involucrados adoptaban pasos considerados significativos por Washington para alinearse con sus objetivos de seguridad nacional y política exterior.
El anuncio ocurrió en un contexto de fragilidad energética en la isla, que apenas logró cubrir cerca de la mitad de sus necesidades eléctricas, tras años de escasez de combustible agravada por el embargo impuesto desde 1962.
Washington recordó que, tras la caída del gobierno de Nicolás Maduro, Estados Unidos tomó control del sector petrolero venezolano, históricamente uno de los principales proveedores de crudo para Cuba, lo que incrementó la presión sobre el suministro energético de la isla.
