La elección de diputados locales celebrada el pasado domingo en Coahuila derivó en una intensa confrontación política luego de que Morena denunciara un presunto esquema de compra de votos que, según el partido, habría beneficiado al PRI durante la jornada electoral.
La polémica surgió apenas horas después de que los resultados preliminares confirmaran una victoria contundente de la alianza encabezada por el PRI, que obtuvo ventaja en los 16 distritos electorales en disputa, perfilándose para lograr el denominado «carro completo» en el Congreso local.
Frente a ese escenario, la dirigencia nacional de Morena acusó la existencia de una operación irregular basada en la utilización de códigos QR para supervisar el sentido del voto de los ciudadanos.
Según la versión presentada por el partido guinda, operadores priistas habrían solicitado a electores fotografiar sus boletas marcadas y enviarlas mediante plataformas digitales para acreditar que votaron por el tricolor. Posteriormente, habrían recibido pagos económicos a cambio de su participación.
Morena aseguró contar con evidencia documental, videos y denuncias ciudadanas que respaldarían las acusaciones, por lo que anunció acciones legales para intentar revertir el resultado electoral.
El Partido del Trabajo se sumó a la estrategia jurídica y ambos institutos políticos confirmaron la presentación de recursos ante las autoridades electorales y ministeriales correspondientes.
Por su parte, el PRI rechazó categóricamente las acusaciones y afirmó que se trata de una narrativa impulsada por Morena para desacreditar una derrota electoral contundente.
Dirigentes priistas sostuvieron que la victoria obtenida es resultado del respaldo ciudadano y calificaron las denuncias como una estrategia política para cuestionar la legitimidad del proceso.
La controversia coloca a Coahuila en el centro del debate político nacional, ya que se trata de los únicos comicios locales celebrados en el país durante 2026.
Ahora serán las autoridades electorales y los tribunales quienes determinen si existen elementos suficientes para abrir procedimientos sancionadores o revisar la validez de la elección.
Mientras tanto, el denominado «QRgate» se perfila como el principal foco de conflicto tras la jornada electoral y podría prolongar la disputa política en la entidad durante las próximas semanas.
