El nuevo episodio diplomático entre México y Perú ha reavivado una tensión que ya cumple casi tres años. La declaración de persona non grata contra la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, aprobada por el Congreso peruano, desató una inmediata respuesta del Gobierno mexicano, que calificó la medida como “infundada, excesiva y contraria a la práctica diplomática internacional”.
La Secretaría de Relaciones Exteriores recordó que la decisión de conceder asilo político a la ex primera ministra Betssy Chávez se tomó conforme a los tratados internacionales en materia de asilo y refugio, suscritos tanto por México como por Perú. “Es un acto pacífico y humanitario que no puede ser considerado inamistoso”, señaló la dependencia, citando la resolución de la Asamblea General de la ONU.
La cancillería mexicana consideró que el Congreso peruano utiliza la figura de persona non grata como herramienta política interna, pues el desacuerdo con la política de asilo no constituye una violación de soberanía. En su respuesta, México reiteró que el derecho de asilo es un principio histórico de su diplomacia, vigente desde los tiempos del presidente Lázaro Cárdenas, quien acogió a miles de refugiados españoles y latinoamericanos perseguidos por dictaduras.
Desde 2022, las relaciones bilaterales se encuentran en punto muerto tras la destitución de Pedro Castillo y el reconocimiento del nuevo gobierno peruano por parte de algunos países. México, encabezado entonces por Andrés Manuel López Obrador, optó por no pronunciarse sobre la legitimidad del Congreso peruano y posteriormente ofreció asilo a familiares del expresidente. La nueva administración de Claudia Sheinbaum ha mantenido esa línea de respeto al derecho internacional.
La medida del Congreso de Perú fue acompañada por declaraciones que acusan a la presidenta mexicana de “injerencia inaceptable en los asuntos internos” por referirse a la situación política peruana. En respuesta, la SRE enfatizó que los comentarios de la mandataria se realizaron en el marco del principio de solidaridad latinoamericana y bajo el derecho de opinión soberana de cada Estado.
