Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó tajantemente que la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión implique censura o espionaje. “No hay ni censura ni espionaje, ni nada que se le parezca”, aseguró este lunes, en respuesta a críticas de la oposición.
Sheinbaum explicó que el artículo 183 del dictamen aprobado en el Senado —y actualmente en revisión en la Cámara de Diputados— es idéntico al que ya está vigente desde 2014, cuando fue aprobado por el PAN y el PRI. Este artículo establece que la obtención de información por parte de las autoridades solo puede realizarse mediante orden judicial.
«Yo misma fui víctima de espionaje»
Durante su intervención, la mandataria recordó que fue espiada durante su campaña para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, luego de que jóvenes le advirtieran que habían sido instruidos para intervenir su correo electrónico.
Este testimonio, dijo, evidencia la importancia de contar con mecanismos legales claros y supervisados judicialmente, alejados de cualquier uso discrecional por parte del Estado.
José Antonio Peña Merino, director de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), explicó que los artículos 182 y 183 del dictamen establecen la obligación de los operadores de telecomunicaciones de colaborar con las autoridades en casos relacionados con seguridad y procuración de justicia, pero únicamente bajo mandato judicial.
“No se plantea ninguna posibilidad de acceso a la información por parte del nuevo regulador ni del Gobierno federal”, aclaró. Agregó que la localización geográfica en tiempo real solo puede solicitarse con orden de un juez, como ya lo establece el artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual no ha sido modificado desde 2016.
Protección a audiencias y autenticación digital
Otro punto clave abordado fue el artículo 6 constitucional, que garantiza los derechos de las audiencias. Peña Merino subrayó que la exigencia de contenidos diversos, no discriminatorios y con igualdad de género no representa censura, sino una obligación legal de los medios para ofrecer programación de calidad.
Claves de la nueva Ley de Telecom
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Acceso a Internet de banda ancha en zonas marginadas, beneficiando a más de 15 millones de mexicanos.
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Medios comunitarios, incluyendo aquellos servicios operados por pueblos indígenas y afromexicanos, podrán acceder al espectro radioeléctrico, vender publicidad y recibir financiamiento público.
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Los medios estarán obligados a contar con códigos de ética y a diferenciar claramente entre contenidos informativos y de opinión.
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En propaganda de gobierno extranjeros solo se permite difundir solo contenidos de carácter cultural, turístico o deportivo.
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Desaparición definitiva del moribundo Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y su sustitución por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).
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Se crea la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), un órgano desconcentrado con autonomía técnica y operativa, integrado por cinco comisionados.
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Se hace obligatorio el control de precios de equipos móviles, con la supervisión de la CRT; los servicios y equipos deberán estar adaptados para personas con discapacidad.
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La Secretaría de Gobernación y de la ATDT para suspender transmisiones de radio o televisión que infrinjan los derechos de las audiencias, incluyendo las infantiles.
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Las operadoras estarán obligadas a guardar metadatos (llamadas, mensajes, duración, origen, destino) hasta por dos años, y las autoridades competentes —fiscalías, policía, ejército— podrán acceder a esa información.
