El Gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, anunció una nueva fase en el combate a las empresas fantasma y a la facturación falsa, prácticas que han drenado miles de millones de pesos del erario público durante los últimos años.
Durante la conferencia matutina de este jueves, el titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino, presentó una serie de nuevas medidas de control fiscal orientadas a fortalecer la recaudación y cerrar los espacios de evasión de impuestos mediante la creación de empresas fachada.
“Hemos realizado diversas modificaciones, tanto internas en el SAT como las que actualmente se discuten en el Congreso. Continuamos trabajando en favor de la sociedad mediante la implementación de controles que buscan reducir la evasión fiscal”, señaló Martínez Dagnino.
Entre las acciones más relevantes se encuentra la modificación al proceso de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y la obtención de la Firma Electrónica (e.firma). A partir de ahora, ambos trámites ya no se entregarán el mismo día, lo que permitirá un mayor control y verificación de la información proporcionada por las empresas.
El SAT también exigirá que los contribuyentes acrediten que el domicilio fiscal corresponde realmente a su operación, evitando así que se utilicen direcciones falsas o de prestanombres. “Las empresas deberán comprobar que operan desde el lugar que registran, y no a través de socios o accionistas que funjan como testaferros”, explicó el funcionario.
La estrategia forma parte del eje de equidad fiscal impulsado por la administración de Sheinbaum, con el objetivo de garantizar que las empresas reales no compitan en desventaja frente a quienes recurren a esquemas ilícitos de facturación.
El SAT también reforzará el combate a los llamados factureros, es decir, despachos o personas físicas que crean empresas fachada para emitir comprobantes fiscales apócrifos por montos que, según la autoridad, superan los miles de millones de pesos.
Martínez Dagnino recordó que, tras la reforma constitucional al artículo 19, la venta de facturas falsas ya es considerada un delito grave y adelantó que se trabaja en la modificación del Código Fiscal de la Federación para armonizarlo con la nueva disposición.
Las nuevas reglas incluirán un procedimiento administrativo abreviado que permitirá suspender el sello digital de facturación desde el inicio del proceso —con una duración máxima de 24 días—, garantizando al mismo tiempo el derecho de audiencia del contribuyente.
Asimismo, se aplicarán restricciones para los socios, accionistas y representantes legales que participen en este tipo de esquemas, quienes ya no podrán inscribir nuevas empresas. Quienes compren facturas falsas también deberán corregir su situación fiscal o enfrentarán la suspensión de su sello digital.
Finalmente, el titular del SAT subrayó que se contemplará prisión preventiva oficiosa para quienes, sin ser contribuyentes, colaboren en actividades que afecten al erario público.
Con estas medidas, el gobierno de Sheinbaum busca consolidar una nueva etapa de disciplina y transparencia fiscal, reforzando su postura de cero tolerancia ante la evasión y la simulación empresarial.
