La presidenta Claudia Sheinbaum celebró la decisión del Senado de Estados Unidos de reducir al uno por ciento el impuesto a las remesas enviadas en efectivo, iniciativa impulsada por legisladores republicanos.
Durante la conferencia matutina, la mandataria consideró este ajuste como un logro de la comunidad migrante que expresó su rechazo a la medida.
“Es un triunfo de las paisanas y los paisanos que enviaron cartas a sus senadores, sobre todo si tienen doble nacionalidad”, afirmó Sheinbaum. Precisó que el nuevo gravamen no aplica a las remesas electrónicas, que representan la mayoría de los envíos desde territorio estadounidense hacia México.
La presidenta indicó que alrededor del 90 por ciento de las remesas llegan por medios electrónicos, por lo que el impacto de la medida sería limitado.
Sin embargo, adelantó que el gobierno federal presentará este viernes un plan para complementar el dinero de las remesas en efectivo y evitar que las familias mexicanas resulten afectadas.
El Congreso de Estados Unidos se alista para votar el proyecto presupuestal promovido por Donald Trump, que contempla la propuesta de establecer una reducción del 3.5 al uno por ciento a las remesas enviadas a México. Ante ello, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo compartió su estrategia frente a la política estadounidense para garantizar los recursos de los mexicanos.
Recientemente, se informó que este impuesto representa una disminución en comparación con el 3.5 por ciento propuesto originalmente en el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes, la cual sería aplicable a las remesas enviadas desde Estados Unidos.
Aunque la decisión sigue en proceso de evaluación, el gobierno de México analiza una estrategia para respaldar a los sectores de connacionales que se verían significativamente afectados por ese uno por ciento aplicable en la gestión de Trump.
México es el principal receptor de remesas en América Latina. Tan solo en 2024, los ingresos por este concepto alcanzaron los 63 mil millones de dólares, según cifras del Banco de México.
De ese monto, menos del 10 por ciento corresponde a transferencias en efectivo o en especie, canales que normalmente utilizan personas sin acceso a servicios bancarios.
Aunque porcentualmente es menor, se trata de sectores vulnerables —comunidades rurales, mujeres cuidadoras y adultos mayores— que dependen de ese ingreso para su subsistencia diaria.
Sheinbaum calificó como “absurda” cualquier política que busque castigar económicamente a quienes trabajan en el extranjero. “Quieren castigar a quienes sostienen la economía de sus familias, pero también de sus países. Eso es inaceptable”, sostuvo.
Agregó que los migrantes mexicanos contribuyen de manera decisiva al dinamismo económico tanto en México como en Estados Unidos, y no deberían ser usados como ficha de negociación electoral.
De acuerdo con especialistas en economía migratoria, el impacto de un impuesto, aunque sea reducido, podría desincentivar el uso de canales formales para el envío de dinero, abriendo la puerta a sistemas informales más riesgosos.
Además, implicaría mayores costos para quienes ya enfrentan barreras de acceso al sistema bancario. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por su parte, ha alertado en años previos que cualquier obstáculo a las remesas puede traducirse en una afectación directa a derechos sociales en comunidades receptoras.
El gobierno federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, informó que se pondrán en marcha mecanismos de información y apoyo a los connacionales, para que utilicen herramientas digitales de envío que no estén sujetas a impuestos, y para identificar casos de vulnerabilidad.
Además, Sheinbaum dijo que el tema será abordado en su próxima visita bilateral a Washington, prevista para el mes de agosto.
