Un operativo federal encabezado por la Fiscalía General del Estado de Michoacán reunió a Ejército y Guardia Nacional en un despliegue que concluyó con la detención de seis policías municipales que formaban parte del equipo de escoltas del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, quienes fueron asegurados dentro de la Casa de la Cultura de ese municipio durante la mañana del 21 de noviembre y trasladados posteriormente al Centro Penitenciario Licenciado David Franco Rodríguez, donde quedarán bajo custodia en espera de su presentación ante un juez de control que definirá su situación jurídica.
Una línea de investigación de la Fiscalía sostiene que los custodios incurrieron en presunto uso excesivo de la fuerza contra Víctor Manuel Ubaldo, el joven de 17 años señalado como agresor directo del alcalde y abatido la noche del 1 de noviembre, pues los primeros dictámenes apuntan a que el atacante ya había sido neutralizado cuando cayó bajo fuego de los policías, lo que abrió la posibilidad de una responsabilidad penal por parte de los agentes asignados al resguardo del edil morenista.
La captura de los policías municipales ocurre después de que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmara que los ocho agentes que acompañaban al alcalde aquella noche estaban bajo investigación y que la Fiscalía ya contaba con elementos suficientes para proceder, en un contexto marcado por dudas sobre la actuación del grupo de custodios y su integración irregular al esquema de seguridad personal de Manzo Rodríguez.
Una parte del expediente de la Fiscalía menciona que los escoltas no fueron seleccionados directamente por el alcalde, sino integrados por recomendación del coronel José Manuel Jiménez Aranda, primer director de Seguridad Pública del municipio y destituido semanas después de asumir por escándalos personales, quien posteriormente fue incorporado como jefe de escoltas y quedó a cargo de la estructura de protección del edil, aunque su presencia entre los detenidos no ha sido confirmada por la autoridad ministerial.
Diversos reportes internos señalan que varios de los policías ahora detenidos no tenían registro previo dentro de la corporación municipal, carecían de capacitación en protocolos de proximidad y custodia, y permitían accesos sin control durante actos públicos, lo que fortaleció la hipótesis de fallas estructurales en la seguridad del alcalde y abrió una ruta de investigación sobre el proceso mediante el cual se autorizó su incorporación al grupo de proximidad.
El operativo que derivó en su aprehensión coincidió con la audiencia agendada para las 16 horas de ese mismo día en el caso de Jorge Armando N., alias el Licenciado o R1, otro de los investigados en la trama criminal alrededor del homicidio de Manzo Rodríguez, por lo que la Fiscalía consideró necesario asegurar previamente a los custodios municipales para evitar riesgos de fuga o alteración del proceso penal en curso.
La Casa de la Cultura de Uruapan, donde fueron asegurados los escoltas, es el mismo espacio donde despachó el alcalde hasta su asesinato y donde actualmente se encuentra la encargada del despacho municipal, Grecia Quiroz, por lo que la intervención de fuerzas federales generó un cierre temporal del inmueble y la movilización inmediata de personal castrense para extraer a los agentes con discreción y bajo resguardo militar.
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó que los custodios abatieron al joven agresor cuando este ya se encontraba sometido y reiteró que la Fiscalía debe esclarecer cada momento previo y posterior al ataque ocurrido en la plaza principal de Uruapan, pues la secuencia de hechos apunta a inconsistencias graves en la actuación policial y en el diseño de la seguridad del edil asesinado.
La Fiscalía estatal mantiene bajo reserva las identidades de los detenidos en tanto define si solicitará imputaciones por homicidio, abuso de autoridad u obstrucción de la justicia, y sostiene que en las próximas horas presentará un informe técnico que detalle la secuencia de fuego, las posiciones de los custodios y las decisiones tomadas durante los minutos posteriores al ataque que terminó con la vida del alcalde.
Los avances de la investigación determinarán el grado de responsabilidad de cada uno de los escoltas detenidos y permitirán establecer si existió una red de protección irregular dentro de la estructura municipal de seguridad, así como el papel del coronel Jiménez Aranda en la asignación del equipo de custodios, elemento que se ha vuelto clave para entender la vulnerabilidad institucional que rodeó a Carlos Manzo en su último día de funciones.
