Armenta señaló directamente a Esperanza, Ciudad Serdán, Tecamachalco, Quecholac y Palmar de Bravo, municipios de la región del Triángulo Rojo, como puntos donde los vehículos robados son llevados para ser desmontados.
De acuerdo con el mandatario, este proceso ocurre con el conocimiento y consentimiento de autoridades municipales, lo que permite que la cadena delictiva opere de manera abierta.
El gobernador sostuvo que, una vez cometido el robo, las unidades son trasladadas a estas zonas sin enfrentar controles efectivos y añadió que parte de la población es utilizada como mano de obra en el desmantelamiento, en algunos casos bajo engaños, pero dentro de un esquema que no podría operar sin protección de los ayuntamientos.
Armenta afirmó que este fenómeno no puede atribuirse únicamente al crimen organizado, ya que existe responsabilidad de ciudadanos y gobierno.
Por ello, señaló que su administración buscará romper estas redes con operativos y campañas de concientización, aunque advirtió que mientras persista la complicidad municipal, el robo de vehículos seguirá encontrando espacios para operar.
“El mayor número de vehículos que se desmantelan después de ser robados en Puebla se desmantelan con el permiso de muchas autoridades locales, principalmente en Esperanza, en la zona de Ciudad Serdán, en la zona de Tecamachalco, en la zona de Palmar, en la zona de Quecholac, por lo tanto, es muy importante que en el juicio social se entienda que hay corresponsabilidad social”, expuso.
