La delegada de la Secretaría de Bienestar en el municipio de Libres, Anallely López Hernández, presentó su renuncia después de que circularon imágenes en las que aparece junto a Nazario N., detenido por la Fiscalía General de la República (FGR) y señalado como presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La dimisión, presentada el 23 de octubre, fue dirigida a la nueva titular de la dependencia en Puebla, Laura Artemisa García Chávez, quien apenas asumió el cargo el 18 de octubre.
Versiones periodísticas apuntan que la decisión de López Hernández ocurrió tras días de creciente presión dentro de la estructura estatal de Bienestar, luego de que se confirmara la captura de Nazario N. en Guadalajara, Jalisco.
El 15 de octubre, el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, informó que fuerzas federales realizaron un operativo en la colonia Jardines del Bosque, donde se aseguraron armas cortas, cargadores, drogas y cinco vehículos, uno de ellos blindado.
Entre los detenidos estaba Nazario Ramírez Ramírez, identificado como operador del CJNG en Tlajomulco, Jalisco, y Oriental, Puebla, además de fungir como secretario del Frente Transportista de la Confederación de Trabajadores de México (CTM).
En el lugar también se encontraban cinco mujeres y una bebé. Entre ellas, según la carpeta FED/FEMDO/FEIDCS-JAL/000000975/2025, estaba Anallely López Hernández, funcionaria del gobierno de Puebla, quien ese día debía encontrarse en los municipios bajo su jurisdicción como delegada regional de Bienestar, de acuerdo con el portal e-consulta.
Días antes de la detención, el 10 de octubre, Nazario habría solicitado a un tercero un depósito de 100 mil pesos a la cuenta de la boutique D’Herlo, propiedad de López Hernández.
El movimiento bancario fue confirmado por medios de comunicación y coincide con la fecha en que ambos asistieron al informe de gobierno del alcalde de Oriental, Fidel Flores Concha, quien agradeció públicamente a Nazario por “formar parte de su equipo de trabajo”.
Tras conocerse su cercanía con el presunto criminal, López Hernández argumentó que su relación con él era “reciente y únicamente relacionada con temas de gestión comunitaria”.
No obstante, las fotografías con Nazario N. y los reportes de su presencia durante el cateo en Guadalajara intensificaron las sospechas sobre los presuntos vínculos entre operadores del CJNG y actores políticos.
