El proceso judicial contra Lorenzo Rivera Nava, exalcalde de Chignahuapan y aspirante a la dirigencia estatal del PRI, habría sido reactivado, de acuerdo con información que ha trascendido este martes y con documentos judiciales que retoman un expediente abierto durante el trienio pasado.
El caso se remonta a su gestión como presidente municipal, cuando habría mantenido como director de Seguridad Pública a un elemento policial con antecedentes penales y presuntos vínculos con actividades delictivas en la región, entre ellas el huachicol, lo que derivó en señalamientos por omisiones graves en los controles de confianza y posibles responsabilidades administrativas y penales.
El expediente y la posible orden de aprehensión
De acuerdo con una copia de una orden de aprehensión que circula, Rivera Nava habría autorizado la contratación de Juan Carlos Pérez, policía municipal sobre quien pesaba una orden de aprehensión registrada bajo el expediente 76/2022, por su presunta participación en el homicidio de un albañil identificado como Ángel González, ocurrido en 2018.
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La información fue documentada por La Jornada de Oriente, que dio cuenta de que el 4 de noviembre de 2022, agentes de la Policía Municipal de Chignahuapan y de la Policía Estatal acudieron a la comunidad de El Paredón para atender el reporte de un robo de vehículo. En el lugar, los uniformados fueron emboscados por un grupo presuntamente vinculado al robo de combustible.
El enfrentamiento dejó un saldo de dos policías muertos: Claudia Herrera y el propio Juan Carlos Pérez. Sin embargo, días después del ataque, el caso derivó en un escándalo público, al confirmarse que Pérez contaba con una orden de aprehensión vigente al momento de su contratación.
El caso exhibió presuntas irregularidades en la administración municipal de Lorenzo Rivera Nava, ya que los gobiernos locales están legalmente obligados a verificar los antecedentes penales y de control de confianza de los elementos policiacos, a fin de evitar la infiltración del crimen organizado en los cuerpos de seguridad.
La situación se agravó al conocerse que quien habría contratado a Juan Carlos Pérez y lo convirtió en una figura clave dentro de la corporación fue Manuel Flores Ordóñez, entonces secretario de Seguridad Pública de Chignahuapan, quien además mantenía, según versiones documentadas, una relación familiar directa con el presidente municipal, al ser su cuñado, lo que apuntó a un posible caso de nepotismo.
La posible reactivación del expediente judicial tiene un impacto directo en el proceso de renovación del Comité Directivo Estatal del PRI en Puebla, donde se perfilaba una planilla de unidad. De confirmarse la vigencia de la orden de aprehensión, Lorenzo Rivera Nava quedaría impedido para competir, lo que modificaría la correlación de fuerzas internas.
En ese escenario, Xitlalic Ceja García y Delfina Pozos Vergara se perfilan como las principales beneficiarias del reacomodo político, en un momento en que el priismo poblano enfrenta una nueva crisis de credibilidad.
El caso no solo reabre un expediente judicial pendiente, sino que cimbra nuevamente al PRI en Puebla, al evidenciar los vínculos entre poder político, seguridad pública y presuntas redes criminales que marcaron administraciones municipales en regiones estratégicas del estado.
