La salida de Alex Tonatiuh Márquez Hernández de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) se suma a la lista de funcionarios que han sido separados de cargos estratégicos en medio de las investigaciones y señalamientos en torno a la red de huachicol fiscal que opera desde el sistema aduanero del país.
Aunque el gobierno federal niega que exista una investigación formal en su contra, la remoción del ahora exdirector general de Investigación Aduanera ocurre en un contexto de creciente presión política y mediática por el contrabando de combustibles, un delito que ha generado pérdidas millonarias al erario y que se ha convertido en uno de los frentes prioritarios de la actual administración.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que Márquez Hernández ya no labora en la ANAM, precisando que se trató de una decisión administrativa tomada por el titular del organismo, Rafael Marín, y no de una sanción derivada de actos de corrupción.
«Cualquier servidor público, si hay un señalamiento de que estuvo involucrado o tiene algo que ver con algún tema de irregularidades o algún ilícito, es investigado por la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno (…) no hay nada tanto de Anticorrupción como de la Fiscalía que indique un delito particular, pero tomó la decisión el director de que ya no participara en Aduanas”, apuntó.
Sin embargo, la narrativa oficial no logró disipar las dudas que rodean al exfuncionario, cuyo nombre ha sido vinculado en investigaciones periodísticas con operaciones de huachicol fiscal.
Desde julio de 2025, diversos medios han documentado presuntos nexos de Márquez Hernández con la empresa Aledo SA de CV, señalada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como una de las firmas bajo investigación por presunto contrabando y evasión fiscal en la importación de combustibles.
A ello se suman los señalamientos de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que revelaron inconsistencias en su declaración patrimonial, entre ellas una colección de relojes de lujo valuada en 7.7 millones de pesos, cuyo origen no fue plenamente acreditado y que contrasta con los ingresos que percibía cuando inició dichas adquisiciones como asesor parlamentario.
Aunque hasta ahora las autoridades federales aseguran que no existe una carpeta de investigación abierta, la salida de Márquez Hernández es interpretada como otro golpe interno contra los cuadros señalados por presuntos vínculos con el huachicol fiscal, una red que ha operado durante años bajo esquemas de protección institucional y que hoy enfrenta un mayor escrutinio público.
El relevo en Investigación Aduanera se da en momentos en que el gobierno federal ha reiterado su compromiso de cerrar las rutas del contrabando de combustibles, fortalecer los controles en las aduanas y depurar al personal involucrado en prácticas ilícitas, en un esfuerzo por contener uno de los negocios ilegales más lucrativos del país.
