La diputada Alma Lidia De La Vega Sánchez, integrante del grupo parlamentario de Morena, presentó una iniciativa para que la política cultural del Estado incluya la revisión y adecuación periódica de exposiciones permanentes, textos museográficos y contenidos oficiales en museos, archivos históricos y bibliotecas públicas con perspectiva de género e interseccionalidad.
La propuesta tiene como objetivo visibilizar las aportaciones de mujeres, pueblos originarios y otros grupos de atención prioritaria en el ámbito cultural, promoviendo una representación más inclusiva y equitativa de la diversidad que conforma la sociedad mexicana.
La legisladora planteó modificar los artículos 5, 6, 7, 12, 15 y 37 de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales para que la Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México implementen medidas que aseguren la adecuación de acervos y materiales culturales desde una mirada inclusiva.
Las modificaciones proponen que dicha adecuación se realice en coordinación con organizaciones de la sociedad civil y especialistas en género e interseccionalidad. Asimismo, establecen la participación activa de estos actores en el diseño, revisión y actualización de los contenidos difundidos en los espacios culturales.
La iniciativa también contempla que las acciones para investigar, conservar, proteger, fomentar, formar, enriquecer y difundir el patrimonio cultural inmaterial integren contenidos históricos y culturales que reflejen la pluralidad de voces en México. Entre estas se incluyen los aportes de mujeres, pueblos originarios y otras poblaciones históricamente excluidas.
De acuerdo con el documento, turnado a la Comisión de Cultura y Cinematografía, los museos, archivos históricos y bibliotecas del país han sido construidos a partir de narrativas hegemónicas que han invisibilizado o minimizado las contribuciones sociales, culturales e históricas de grupos que no forman parte del relato dominante.
Esta situación ha perpetuado desigualdades estructurales y ha restringido el pleno ejercicio de los derechos culturales, al replicar discursos que excluyen la pluralidad de la sociedad mexicana. El documento enfatiza que tales omisiones representan un obstáculo para el desarrollo de una cultura basada en el respeto a los derechos humanos.
Con los cambios propuestos, se busca establecer una obligación legal que garantice la actualización constante de los contenidos culturales, como una medida concreta para reducir la brecha de desigualdad y fomentar una memoria colectiva más justa.
La diputada puntualizó que la aprobación de esta iniciativa no generaría nuevas cargas administrativas ni presupuestales, ya que no contempla la creación de unidades administrativas adicionales, plazas en la administración pública, ni programas de gasto.
El planteamiento legislativo refuerza la idea de que la equidad y la inclusión deben regir la política cultural del país, no solo para reconocer la diversidad existente, sino para fortalecer el acceso equitativo a los derechos culturales por parte de toda la población.
