Por tercera ocasión fue diferida la audiencia inicial del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, programada en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, donde la Fiscalía General de la República (FGR) busca imputarlo por un nuevo delito de peculado, relacionado con el presunto desvío de recursos públicos durante su administración.
La audiencia —correspondiente a la sesión celebrada el lunes 9 de febrero, pero informada este martes— tenía como objetivo formular la imputación por el desvío de aproximadamente 5 millones de pesos provenientes de subsidios federales destinados a personas con discapacidad, recursos que habrían sido utilizados de manera irregular entre 2010 y 2016, periodo en el que Duarte gobernó Veracruz. De acreditarse el delito, la pena podría alcanzar hasta 14 años de prisión.
El aplazamiento se debió a la inasistencia de los abogados defensores de Duarte, Pablo Campuzano de la Mora y Gerardo Cout Arteaga, quienes, de acuerdo con lo expuesto por el propio imputado ante el juez, se encuentran hospitalizados en el Hospital ABC. Ante esta situación, Duarte solicitó diferir la audiencia para garantizar su derecho a una defensa adecuada, y rechazó ser representado en ese momento por un defensor de oficio.
El juez de control Gustavo Aquiles Villaseñor autorizó posponer la diligencia y fijó como nueva fecha el jueves 12 de febrero de 2026, a las 09:15 horas. No obstante, advirtió que, en caso de que la defensa particular no se presente nuevamente, se designará un defensor público para continuar con la imputación sin más retrasos.
Durante la audiencia, la FGR, representada por el fiscal Julián Antonio Cobos Castillo, rechazó los argumentos de la defensa y calificó la solicitud como una táctica dilatoria, al recordar que el proceso ya había sido aplazado en dos ocasiones previas: una por la ausencia de un abogado que se encontraba en un curso en el extranjero y otra por un motivo similar al expuesto en esta ocasión.
Este nuevo proceso penal es independiente de las causas por las que Javier Duarte ya fue sentenciado, entre ellas asociación delictuosa y lavado de dinero, delitos por los que recibió una condena de nueve años de prisión entre 2017 y 2018, además de otros procedimientos que aún permanecen pendientes.
La audiencia del próximo jueves será clave para que la autoridad judicial determine si se formaliza la imputación y se define la situación jurídica del exmandatario en este caso específico.
