Millones de peruanos acudieron este domingo 7 de junio a las urnas para participar en la segunda vuelta presidencial que enfrenta a dos proyectos políticos antagónicos y que podría marcar el rumbo del país en los próximos años, en medio de una profunda crisis de gobernabilidad, inseguridad y descontento ciudadano.
La contienda enfrenta a Keiko Fujimori, candidata del partido Fuerza Popular y representante de la derecha peruana, y a Roberto Sánchez, abanderado de Juntos por el Perú y considerado heredero político del expresidente Pedro Castillo.
De acuerdo con medios nacionales e internacionales, el resultado se mantiene en un margen extremadamente cerrado, con diferencias mínimas entre ambos aspirantes, por lo que el desenlace definitivo dependerá del avance del conteo oficial de votos.
La elección ha sido descrita como una confrontación entre dos visiones distintas de país. Por un lado, Fujimori apuesta por la continuidad del modelo económico basado en la inversión privada y las políticas de libre mercado, además de una estrategia de seguridad de mano dura para combatir la delincuencia y el crimen organizado.
Entre sus principales propuestas destacan una mayor participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, la construcción de nuevos centros penitenciarios y medidas orientadas a endurecer el sistema de justicia frente a los delitos de alto impacto.
A sus 51 años, Keiko Fujimori busca alcanzar la Presidencia de Perú después de haber llegado en tres ocasiones anteriores a una segunda vuelta electoral sin lograr el triunfo.
En contraste, Roberto Sánchez, de 57 años, plantea una mayor intervención del Estado en sectores estratégicos como la economía, la salud y la educación. Asimismo, impulsa la convocatoria a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución y ha manifestado su intención de promover el indulto para el expresidente Pedro Castillo.
No obstante, durante la recta final de la campaña, el candidato moderó parte de su discurso con el objetivo de ofrecer certidumbre a los sectores empresariales y financieros, en un intento por ampliar su base de apoyo electoral.
La elección se desarrolla en un contexto particularmente complejo para Perú. En la última década, el país ha experimentado una constante inestabilidad política que ha derivado en el paso de nueve presidentes en apenas diez años, reflejo de una crisis institucional que ha debilitado la confianza ciudadana en las autoridades.
A esta situación se suma el incremento de la inseguridad pública. Diversos informes señalan que los homicidios se han duplicado desde 2019, mientras que delitos como la extorsión y las actividades de grupos criminales han generado una creciente preocupación entre la población.
La fragmentación política también quedó evidenciada en la primera vuelta electoral celebrada en abril pasado, en la que participaron 36 candidatos presidenciales, reflejando la dispersión del voto y la ausencia de consensos amplios dentro del escenario político peruano.
Quien resulte ganador asumirá la Presidencia el próximo 28 de julio de 2026 y enfrentará importantes desafíos para construir acuerdos en un Congreso dividido, atender la crisis de seguridad y recuperar la estabilidad institucional.
Más allá de los nombres de los candidatos, esta elección es vista como una definición sobre el modelo de desarrollo que seguirá Perú en los próximos años: una apuesta por la continuidad de las políticas de mercado y el fortalecimiento del orden público, o una ruta de mayor intervención estatal y cambios estructurales en el marco constitucional del país.
