Con un mensaje cargado de señalamientos a administraciones del PRIAN, el gobernador Alejandro Armenta aseguró que Puebla enfrenta los rezagos de 20 años de un mecanismo sistemático de saqueo, operado por políticos, empresarios y jueces que simularon obras públicas para desviar recursos multimillonarios del erario estatal.
Armenta sostuvo que su administración heredó sentencias judiciales que obligan al gobierno a pagar nueve contratos, presuntamente inflados o inexistentes, que se arrastran desde sexenios anteriores, específicamente desde 1998.
Según su explicación, la ingeniería del fraude se repetía una y otra vez: empresas presentaban proyectos sobrefacturados, funcionarios certificaban obras que no se ejecutaban y posteriormente, abogados coludidos acudían a tribunales donde jueces y magistrados dictaban resoluciones favorables para liberar recursos públicos.
“Eran obras inexistentes que los funcionarios avalaron como si se hubieran hecho. Ese es un modus operandi que se adaptó 20 años en Puebla, generando deuda, contratos, amparos, liberando recursos, moches a los magistrados y jueces en Puebla para que dictaminaran a favor de las empresas y avalaran la corrupción”, manifestó.
Un ejemplo: una obra presupuestada en 10 millones de pesos terminó convertida en una deuda superior a 700 millones, producto de litigios prolongados que aseguró, fueron deliberadamente fabricados para desangrar las finanzas estatales.
Armenta calificó este entramado como un modus operandi sostenido por dos décadas y que, por la forma en la que participaban funcionarios, abogados, empresarios y juzgadores, podría configurarse como delincuencia organizada.
El gobernador también apuntó hacia el sector inmobiliario, al que acusó de ser parte de un “cártel del despojo” encargado de apropiarse de tierras ejidales mediante abusos y complicidades en el Poder Judicial.
Apuntó que familias campesinas fueron despojadas de terrenos pagados a “centavos por metro cuadrado”, los cuales hoy valen miles de dólares tras ser urbanizados.
⚠️ Armenta destapa una red que operó durante 20 años.
El gobernador @armentapuebla_ afirma que empresarios, políticos y hasta jueces habrían cobrado obras públicas que nunca se hicieron —y que magistrados presionaron para pagar más de 10 contratos heredados.
Video: @Ivaniver_ pic.twitter.com/2QLSuaaqVR
— Desde La Silla (@Desde_LaSilla) December 2, 2025
“Las leyes estaban hechas para el saqueo, porque así es la complicidad, entonces si un gobierno cancelaba o cancela un contrato de servicios, la penalización es brutal. Si nosotros quisiéramos cancelar ahorita Agua de Puebla nos cuesta 20 mil millones de pesos, quiebra el Estado, tenemos que trabajar de otra forma, si cancelamos los contratos leoninos igual”, apuntó.
Armenta Mier aseguró que señalar este esquema le ha costado campañas de desprestigio y la confrontación con quienes “se asumían dueños del dinero y del estado”. Sin embargo, insistió en que su administración no cederá a presiones.
Por otro lado, vinculó estas prácticas a lo que llamó una “oleada fascista” en contra de los gobiernos progresistas que apuestan por nacionalizar recursos como el litio, el petróleo y el agua.
Según el gobernador, estos grupos se oponen a que los comités ciudadanos administren parte del presupuesto de obra pública, a que se industrialice el café o a que las marcas de mezcal pertenezcan a productores poblanos y no a empresas foráneas.
Armenta aseguró que su administración cuenta con calidad moral para enfrentar a quienes participaron en este esquema de corrupción y celebró una resolución de la Suprema Corte en donde se propone reabrir juicios cerrados cuando hay fraude procesal.
Esta propuesta fue avalada recientemente por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, Lenia Batres Guadarrama, Sara Irene Herrerías, Loretta Ortiz Ahlf e Irving Espinosa Betanzo.
